Para la dirigente juvenil de ABP, Rebeca Uzcátegui, el gobierno de Maduro no sólo ha sido incapaz de garantizar la seguridad alimentaria y personal de los venezolanos, sino que permite alegremente, además, que sus personeros atenten descaradamente contra la Constitución de la República y contra los derechos humanos, sin que ninguno de los mecanismos institucionales que deben garantizar que ello no ocurra se activen.NP
La resolución 008610 conculca el artículo 68 de la Carta Magna, que prohíbe expresamente el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas; así como hace caso omiso al principio de reserva legal, en virtud del cual, la regulación de los derechos humanos sólo puede hacerse por vía de una Ley General y jamás por una resolución.
A juicio de Uzcátegui el Ministro Padrino López, atenta contra el principio de supremacía constitucional, puesto que el Art. 7 de la Constitución patria señala que la Constitución es la Norma Suprema y el fundamento del orden jurídico y que todas las personas y órganos que ejercen el poder público están sujetos a ella, por lo que la resolución 008610 no sólo es inconstitucional sino que socava las bases que sustentan el sistema democrático y la convivencia ciudadana, lo cual hace, con el objeto de amedrentar a la población para que no manifieste su indignación por la difícil situación que está viviendo por el desabastecimiento de los insumos básicos que necesita para subsistir y que no encuentra en la cantidad y calidad que necesita por la incapacidad del gobierno más ineficaz de la historia del país.
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