Las agresiones contra defensores de los derechos humanos en Colombia se incrementaron en 2014, año en el cual 626 sufrieron algún tipo de coacción y 55 de ellos fueron asesinados, según el informe anual de la ONG Somos Defensores divulgado hoy.
El informe hace un símil con “La Divina Comedia” para llamar la atención sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en el país y con ese propósito el documento está dividido en los capítulos de “El Infierno”, “El Purgatorio” y “El Paraíso”, como el poema de Dante Alighieri.
Las cifras sobre agresiones están contenidas en el capítulo de “El Purgatorio”, que muestra que el año pasado los defensores de derechos humanos fueron “víctimas de una andanada de amenazas jamás registradas en Colombia”.
Según el registro del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Siaddhh), 55 personas fueron asesinadas en 2014 por su defensa de estos principios, cifra que sin embargo es inferior a los 78 homicidios registrados en 2013.
De los 55 asesinados, el 90 % fueron hombres (49 casos) y 10 % mujeres (6 casos).
A Somos Defensores le preocupa especialmente que los seis asesinatos de mujeres ocurrieron en el segundo semestre y llamó la atención para el hecho de que las víctimas eran líderes de juntas de acción comunal o procesos comunitarios de base en territorios de explotación petrolera y minera en los departamentos de Arauca, Meta y Norte de Santander.
El mayor número de homicidios fue registrado en el departamento del Cauca (suroeste), uno de los que más ha sufrido la violencia del conflicto armado colombiano, donde fueron asesinados 10 defensores.
Le siguen el Chocó (oeste) con 5 casos; Atlántico (norte), Meta (centro), Valle del Cauca (suroeste) y Putumayo (sur), cada uno con cuatro casos.
“Durante el 2014, en promedio cada siete días fue asesinado un defensor o defensora de derechos humanos en Colombia”, agrega el informe.
De los 55 defensores asesinados, el 60 % (31 casos) había denunciado amenazas y tres de ellos contaban con medidas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) o la Policía Nacional, situación que los autores del informe consideran “preocupante”.
El documento, elaborado con el apoyo financiero de las embajadas de Canadá y Noruega, y de la ONG Diakonia Suecia, señala que, en cuanto a la responsabilidad en estos crímenes, “se presentó una reducción importante en la presunta participación de paramilitares” en comparación con 2013.
A los paramilitares, que oficialmente se desmovilizaron a mediados de la década pasada, fueron atribuidos cuatro asesinatos contra los quince de 2013.
La cifra atribuida a los grupos guerrilleros bajó levemente de ocho a siete (tres presuntamente de las FARC y cuatro del ELN) en el periodo comparado, mientras que los de autoría desconocida, pasaron de 50 a 44 y los que pueden tener como autores a la Fuerza Pública se redujeron de cinco a cero.
El informe llama la atención de que, si bien es cierto que los crímenes de los diferentes actores bajaron, la participación de autores desconocidos creció proporcionalmente al pasar del 64 % al 80 % del total.
El documento señala además que las agresiones individuales de diferente tipo se incrementaron el 71 % y las amenazas en particular crecieron el 133 %, lo que no solo puso en riesgo la vida e integridad de los afectados sino que además “obstaculizó la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos en Colombia”.
En total, el año pasado fueron registrados 626 casos de agresiones, mientras que en 2013 habían sido 366 los defensores víctimas de estos ataques.
Del total de agredidos el año pasado, el 65 % fueron hombres y el 35 % mujeres, que sufrieron siete tipos de ataques documentados: asesinatos, atentados, amenazas, detenciones arbitrarias, desapariciones, robos de información y uso arbitrario del sistema penal, agregó el documento. EFE