El Ilustre Colegio de Abogados de Caracas una vez más manifiesta su repudio ante las prácticas discriminatorias y abusivas del régimen, en esta oportunidad, la detención arbitraria del Alcalde Metropolitano, abogado Antonio Ledezma, ejecutada por un grupo comando del SEBIN, que sin respetar la condición de persona ni la investidura de Primera Autoridad Civil de la Capital de la República, electa por el pueblo violando así la soberanía popular, se llevó al Alcalde en forma violenta, sin informarle el motivo de su detención, sin presentar la debida orden de detención, ocultando por varias horas al detenido y sin permitirle la asistencia jurídica de su abogado en clara transgresión de las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa y de los tratados internacionales que protegen los derechos humanos suscritos por la República. Esta gravísima violación de derechos humanos, como es costumbre del régimen, pretendió ocultarse a la opinión pública mediante una cadena nacional en la cual el jefe del Ejecutivo Nacional sentenció la culpabilidad del Alcalde en un supuesto plan de golpe de Estado en su contra.
Este Colegio observa con gran preocupación que estas prácticas antijurídicas son cada vez más frecuentes contra los disidentes del régimen, a quienes se les imputan diversos delitos por ejercer su derecho a disentir, la última novedad ha sido, criminalizar las protestas contra el régimen como el delito de asociación para delinquir, cuando esta figura fue creada para castigar los delitos que implican fines económicos, a quienes además se deja en estado de total indefensión al negárseles las garantías esenciales de un juicio justo, puesto que a pesar de que estas violaciones gravísimas de los derechos humanos son públicas y notorias, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y los jueces de control, lejos de declarar la ilicitud e ilegalidad de tales prácticas, abrir las correspondientes averiguaciones penales a sus perpetradores y ordenar la inmediata liberación de los detenidos, convalidan la criminalización de la disidencia con sus acciones u omisiones, lo cual evidencia la inexistencia de separación de poderes, de Estado de Derecho y el uso de una justicia selectiva, personalizada y discriminatoria por razones políticas.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha expresado que “el derecho a un juicio justo constituye uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática. Este derecho es una garantía básica del respeto de los demás derechos reconocidos en la Convención, debido a que representa un límite al abuso del poder por parte del Estado.” Dic 2002 informe No 78/02. Caso 11.335.
Las “Directrices sobre la Función de los Fiscales”, aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas establecen:
“12. Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal.
13. En cumplimiento de sus obligaciones, los fiscales:
A) Desempeñarán sus funciones de manera imparcial y evitarán todo tipo de discriminación política…”
En consecuencia:
1- Reiteramos nuestra condena a la utilización de la justicia como un instrumento para la discriminación, la represión, la criminalización de la disidencia y la imposición de una ideología totalitaria.
2-Recordamos a las autoridades que la Constitución, las leyes y la política de un país deben garantizar un sistema judicial verdaderamente autónomo, imparcial e independiente del resto de los poderes públicos. Es responsabilidad del sistema de justicia garantizar el respeto de la dignidad de la persona humana, el equilibrio entre los Poderes Públicos, el Estado de Derecho y la Democracia requisitos esenciales para un desarrollo sustentable.
3- Exigimos a la Fiscalía y a los jueces que desconocen la constitución y las leyes garantes de los derechos humanos que cesen estas prácticas horrendas.
4- Expresamos nuestro apoyo al Abogado Antonio Ledezma y exigimos su liberación por la violación a sus derechos fundamentales.
5- Reiteramos a la gente que en el gremio de abogados seguirán teniendo una voz en la defensa de sus derechos y un muro de contención en la imposición de un sistema de injusticia como el cubano, en el cual, los acusados son juzgados según la conveniencia del régimen.
6- Convocamos a toda la ciudadanía a asumir el restablecimiento del Estado de Derecho y en especial a los abogados.
7- Denunciamos que las referidas prácticas atentan contra todo orden democrático e infringen groseramente la Constitución que juraron defender, colocando a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial al servicio de fines contrarios al de administrar justicia para garantizar el respeto de la dignidad de la persona humana.
8- El Colegio de Abogados de Caracas, no va a cesar de denunciar tales hechos ante los órganos garantes de derechos humanos. En tal sentido conviene recordarles a quienes han hecho de tales acosos una práctica reiterada, que las violaciones graves de los derechos fundamentales no prescriben y acarrean responsabilidad civil, penal y administrativa. Más temprano que tarde, aquí mismo en Venezuela o en las instancias internacionales competentes, cesará la impunidad que hoy campea fueros en nuestra amada Patria.
En Caracas a los 21 días del mes de febrero de 2015.
POR LA JUNTA DIRECTIVA