Las instituciones dedicadas exclusivamente a actividades religiosas -sin fines de lucro- estaban exentas del pago de impuestos. Ya no más. El presidente Nicolás Maduro, vía Habilitante, reformó el artículo 14 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y “borró” dicha excepción, publica Versión Final.
El instrumento legal no obliga a las iglesias a pagar tributos al Estado directamente, pero tampoco cierra la posibilidad. He allí el limbo.
Las excepciones se otorgarán a las instituciones benéficas y de asistencia social siempre que su enriquecimiento se emplee para los fines que se crearon, que es ayudar a los necesitados.
En ningún caso podrán distribuir ganancias, beneficios o parte alguna de su patrimonio “a sus fundadores, asociados o miembros”. Tampoco está permitido que estas organizaciones “realicen pagos a título de reparto de utilidades o de su patrimonio”.
¿Cómo se sustentarán los ministros y el culto en sí, quién y cómo determinará que la iglesias y sus pastores cumplen con los requisitos de ley?
Discrecionalidad. Para la jerarquía católica el problema no es que se elimine la excepción, siempre que se pueda probar que los ingresos de los templos se dedican al cumplimiento de sus fines caritativos.
“El problema es la discrecionalidad que al parecer se le da a los funcionarios, que son los que van a decidir si verdaderamente eso sucede. Es una puerta abierta más a la corrupción”, dijo aVersión Final el padre Víctor Hugo Basabe, secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).
El decreto 1.435, publicado en Gaceta Oficial Nº 6.152 el 18 de noviembre de 2014, puede cambiar las reglas del juego. Basabe no descarta que, incluso, en un futuro esta reforma se convierta en un mecanismo de presión contra sacerdotes y pastores “incómodos” para el Gobierno nacional.
“Se está buscando dinero de la manera que sea. No olvidemos que el país tiene en este momento una grave crisis de ingresos. Se pone entre la espada y la pared a unas asociaciones que vienen asumiendo situaciones de auxilio a la población de las cuales el Estado se ha suprimido. Por ejemplo, las fundaciones que ayudan a las mujeres y niños enfermos de cáncer, las instituciones caritativas que tiene la Iglesia católica y que tienen otras comunidades eclesiales”.
Basabe critica que se le pueda poner un precio a la caridad ya que cada vez más personas recurren a los templos, porque “consiguen más ayuda allí que de parte del mismo Estado. A la larga se genera un problema para la gente que menos tiene”.