Bajo órdenes del Ministerio de Educación, el Ipasme sufrió una serie de reformas en su responsabilidad de previsión y asistencia social; entre ellas se destaca la prohibición de certificar reposos que cuenten con un lapso mayor de 72 horas y la eliminación de las resoluciones por junta médica para tramitar incapacidades.
La institución solo quedó con la obligación de remitir cambios de actividad o capacidad laboral reducida.
Así lo denunciaron los directivos de los sindicatos nacionales y estadales Fenatev, Sumalara, Sinvemal, Colegio de Profesores, Colegio de Peritos y Técnicos y Asojumal durante la celebración de una asamblea extraordinaria en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sutelara).
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