El doble discurso que maneja el Gobierno venezolano sobre el tema de las protestas y los derechos humanos, provoca gran confusión en la población, así lo publicó El Impulso
María Andreína Aguilar
Ante el asesinato del liceísta de 14 años Kluivert Roa en Táchira, funcionarios como el defensor del pueblo, Tarek William Saab, condenan el uso de armas de fuego para disipar tales concentraciones, mientras que en la práctica la realidad es otra según factores de oposición, porque los organismos de seguridad tienen luz verde para reprimir.
Cifras del Foro Penal Venezolano, revelan que el 63% de las 44 muertes producidas en 2014 durante las diferentes manifestaciones, fueron causadas con balas y perdigones, aún cuando el artículo 68 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe el uso de armamento y sustancias tóxicas en control de las mismas.
El desconcierto es mayor desde que el Ministerio de la Defensa, emitió la resolución 008610, mediante la cual se norma la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en el control de dichas acciones.
El artículo 22 numeral 27 establece que en una situación de “riesgo mortal” el funcionario militar aplicará el método del uso de la fuerza parcialmente mortal con armas de fuego.
El abogado criminalista Fermín Mármol García, señala que el instrumento legal no hacía falta, pues “con las leyes existentes era suficiente. Es lamentable que se haya hecho nacer”.
Sostiene que la resolución es objeto de toda nulidad, porque desconoce los principios de la Carta Magna como el derecho a la vida, la libertad de expresión y el libre tránsito. Se aleja además del respeto de los derechos humanos.
Mármol García, puntualiza que la fuerza aplicada debe ser proporcional y diferencial, en tal sentido no pueden haber excesos por parte de los uniformados, como ocurre en la actualidad.
Lea la nota completa en El Impulso