La Fracción Parlamentaria de Primero Justicia, en voz del diputado Julio Montoya, solicitó este martes un derecho de palabra en la Asamblea Nacional para exigir la modificación de la agenda y que se debatiera la creciente ola de corrupción y de lavado de dinero descubierta en el Banco de Andorra y en la que estarían implicados altos funcionarios del gobierno venezolano. Esta solicitud fue negada por la bancada oficialista. Prensa PJ
“Esta situación la debe evaluar la AN por las características que encierra, por las dimensiones del tema debe ser abordado por la Comisión Permanente de Contraloría o una Comisión Especial. No debemos hacer juicios de valor por declaraciones de prensa, por eso se amerita una declaración”, dijo Montoya.
“El viceministro de energía y ex presidente de Cadafe, Nervis Villalobos, tenía dos empresas, Kingsway Holdings en las Islas Vírgenes y la Kingsway en Madeira, esto hubiese sido una noticia sencilla, pero Villalobos declaró que es verdad que dio un asesoramiento verbal por 50 millones de Euros a una empresa extranjera para un contrato en el sector eléctrico. También sale señalado el ex viceministro de desarrollo del sector eléctrico, Javier Alvarado y el socio de Semaca, Servicios para Metros, Carlos Aguilera, con grandes comisiones. También se refleja la empresa Tecnofren, asesoría de constructoras hispánicas que viene de ser del mismo Aguilera, quien fungió como ex ministro de gestión comunicacional y ex director de la Disip. Además aparecen empresarios del sector asegurador casi todos asociados a PDVSA”.
Primero Justicia recuerda que el caso de las empresas de maletín no ha sido investigado y que la Fiscalía General de la República, prometió, pero no cumplió con presentar la lista de las empresas de maletín implicadas en el desfalco al extinto Cadivi.
De igual forma los parlamentarios de Primero Justicia exigen que la AN investigue los 4.200 millones de dólares que la corrupción gubernamental lavó a través del Banco de Andorra, que no pertenecen ni a la mafia Rusa, ni a los entes investigados, sino que están en bancos venezolanos.
La mayoría de estos 4.200 millones de dólares vienen de Cadivi y del aparato de asignación de dólares preferenciales de Venezuela. Esta suma es el doble de lo que necesita el sector alimentario en Venezuela para saldar sus deudas. También equivale a las reservas internacionales de países como Panamá.
La fracción parlamentaria de Primero Justicia alertó que el dinero de la corrupción está vinculado con la facturación de Pdvsa y de empresas fantasma, que a través de la filial del Banco de Andorra en Panamá lograron desfalcar al Tesoro Nacional.
No se trata de dos lochas, se trata de un dinero importante que puede ser usado para mejorar hospitales, escuelas, comprar alimentos, medicinas, fomentar la producción o resolver algunos problemas que aquejan a los venezolanos.