El sur del estado Bolívar siempre atrae las miradas. Más allá de su atractivo turístico, y bellezas naturales, hay un tema que genera críticas, preocupación y alarma, y ese es el de la explotación minera.
Varios planes ha propuesto el Gobierno para eliminar la minería ilegal, pero estos esfuerzos han sido en vano. Este miércoles en la sala de sesiones de Corpoelec, ubicada en la represa Antonio José de Sucre (Macagua), estuvieron reunidos Lizeta Hernández, gobernadora del estado Delta Amacuro; Nicia Maldonado, jefa de la Región Estratégica para el Desarrollo Integral de Guayana (REDI Guayana); Francisco Rangel Gómez, gobernador del estado Bolívar; así como el protector designado por el estado Amazonas, Pedro Luis Cabello.
El diputado de la Asamblea Nacional Américo De Grazia, miembro de la Comisión Permanente de Energía, Minas y Petróleo, conformada desde hace 15 años, en entrevista para Correo del Caroní, fue interrogado ante lo que se ha suscitado en el sector minero durante el mes, este comentó: “eso de que los militares no saben quiénes son, cómo operan o dónde están, eso es totalmente falso. Los mineros son víctimas del hampa, la extorsión y del chantaje”.
“Se ha criminalizado la actividad minera y eso solo favorece a la corrupción y a quienes se benefician de ella, las mafias del oro y por supuesto tiene efectos colaterales. El principal es esta criminalidad que hoy vivimos y el segundo es todo el deterioro ambiental”, agregó.
Aunque para algunos el problema de las minas tiene soluciones a largo plazo, este asegura que “la única manera de solventar este problema es regular la actividad minera, ordenar territorialmente cómo y dónde se va a trabajar, organizarlos en forma de cooperativas, crear un instituto especializado en el tema de la minería”.
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