La Comisión Nacional de Lucha Contra el Contrabando, creada en agosto de 2014 para combatir lo que el gobierno ha denominado la “guerra económica”, se ha estado reuniendo en varios estados del país con alcaldes, gobernadores y militares dirigentes de las Zonas de Defensa Integral (ZODI). En los encuentros se ha planteado la idea de integrar el sistema biométrico de todos los supermercados como una solución al “acaparamiento y la especulación”, publica El Nacional.
MARÍA FERNANDA SOJO /El Nacional
El Nacional tuvo acceso a las minutas de las reuniones efectuadas en siete estados entre febrero y abril, las cuales muestran que, además de la vinculación del sistema que limita las compras, los participantes también han rechazado el subsidio del gobierno a los productos de la cesta básica y reconocen el “estado crítico” del abastecimiento en algunas entidades.
En un encuentro realizado en Zulia, el general Tito Urbano, jefe de las zonas de defensa de ese estado, aseguró que la falta de integración en el sistema biométrico es una debilidad.
Desde esta semana, la red pública de alimentos (integrada por Pdval, Mercal y Bicentenario) tendrá interconectado su sistema de captahuellas, por lo que una persona que compra en un abasto no podrá dirigirse a otra sucursal para adquirir el mismo producto, informó el sábado el ministro de Alimentación, Carlos Osorio.
Sin embargo, la integración con la red privada tomará más tiempo, pues se espera que sea en mes y medio cuando todos los locales comerciales tengan sus máquinas captahuellas activas. Luego habría que implementar el sistema de unión.
El almirante Ángel Belisario Martínez, secretario general de la comisión, ha presidido la mayoría de las sesiones e imparte un concepto de la guerra económica: “uso de mecanismos propios de la lógica de mercado del capital, para reducir o limitar la oferta de bienes esenciales de consumo”.
Críticas. En una reunión efectuada en febrero en el Museo Antonio José de Sucre, en el estado Sucre, criticaron a Sunagro, Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, encargada de emitir las guías de movilización o documentos en los que se identifica el lugar de origen y destino de las materias primas o productos elaborados en el país.
Su representante, William Pérez, afirmó que las guías al detal tenían una influencia negativa en la distribución de productos. Un delegado de Mercal, no identificado, pidió que se precisaran mejor los comercios en los que se entregaban los alimentos para que no se desviara la mercancía.
En esa reunión Belisario aconsejó revisar la emisión de las guías al detal y dos meses después, en abril, la Sunagro empezó a exigir guías personalizadas para que las empresas pudieran hacer todos los despachos.
En febrero hubo otra reunión en Táchira, en la que intervino el general José Morantes Torres, jefe de la ZODI de esa entidad. El militar reconoció el incremento de actos ilícitos: contrabando de extracción de alimentos, combustibles, lubricantes, artículos de aseo personal y del hogar.
Admitió que influyen “la degradación moral de la sociedad, el subsidio que el Estado venezolano mantiene sobre los productos de primera necesidad, el financiamiento del crimen organizado y la paridad cambiaria, que favorece la economía colombiana por la debilidad del bolívar frente al peso”.
En una sesión en Trujillo, el general Randall Rivas Rojas, jefe de la ZODI de ese estado, coincidió con Morantes Torres y añadió que hay “funcionarios vulnerables a la corrupción” y “organismos de inteligencia vulnerables”. Este aspecto también fue admitido por el general Tito Urbano en Zulia.
En el encuentro de Táchira, el gobernador José Gregorio Vielma Mora dijo que la mayoría de los productos regulados eran despachados a Supermercados Garzón, comercio que “abastecía a los guarimberos”. Sugirió que se le “restringiera la nacionalidad al guarimbero que incurra en delitos de contrabando”.
Reconocen desabastecimiento. En marzo la comisión contra el contrabando se reunió en Portuguesa y Mérida, donde admitió el desabastecimiento de productos de la cesta básica.
El almirante Belisario indicó que en Portuguesa el déficit de leche en polvo fue de 70% (no especificó la fecha) a pesar de que en el país había disponibilidad del rubro “para abastecer la demanda por nueve semanas”.
Igualmente dijo que en Mérida estaba crítico el abastecimiento: “Este estado es deficitario en todos los rubros evaluados. Sunagro y Sundde deben mejorar la distribución, atendiendo las necesidades de la población”.
Patriotas cooperantes. El mes pasado, en una reunión en el Centro de Prensa Enrique Tirado Reyes, en Yaracuy, el secretario de gobierno de la entidad, José Salom, consideró que era necesario activar la inteligencia social, a “los patriotas cooperantes”.
En la minuta se detalla que el directivo sugirió “realizar trabajo de inteligencia por parte de las UBCH, consejos comunales, comités de lucha populares, grandes misiones y el Gran Polo Patriótico para descubrir irregularidades en la venta de productos y evitar el desvío de la mercancía hacia otros estados y fuera del país”.
Belisario agregó que también es imprescindible desarrollar una campaña comunicacional que “permita la divulgación amplia de los logros alcanzados” y que sirva para “silenciar o desmontar el accionar mediático de la derecha opositora capitalista”.
Acciones ejecutadas
El general de división Morantes Torres en Táchira y el general de brigada Rivas Rojas en Trujillo, que han participado en las reuniones de la Comisión Nacional de Lucha Contra el Contrabando, destacan las acciones que han desarrollado desde agosto de 2014 hasta la fecha para combatir la “guerra económica”.
Mencionan la implementación de la venta de alimentos por el terminal de la cédula de identidad de los clientes y la prohibición de ventas al por mayor en abastos y supermercados. También reseñan la exigencia de que todas las cajas registradoras estén abiertas en horas pico y que las actividades de los comercios no se paralicen cuando la Superintendencia de Precios Justos u otro organismo haga inspecciones.