Desde que Caracas y Managua firmaron en 2007 un acuerdo para el suministro de petróleo subsidiado, el régimen sandinista no solo ha contado con excedentes para políticas clientelares. Gracias a los recursos venezolanos, la familia presidencial ha construido un imperio económico propio, de ambigua condición entre lo público y lo privado. En los últimos cinco años, los negocios de Ortega y asociados han pasado a dominar el mercado interno de la energía, así como las muy rentables exportaciones de alimentos de Nicaragua a Venezuela.
OCTAVIO ENRÍQUEZ / IVÁN OLIVARES / CÉSAR BÁTIZ (*)
Managua/Caracas.- Sonaría adecuado referirse a Albanisa como uno de los grandes holdingscomerciales de Centroamérica. Importa, exporta, produce y distribuye petróleo, electricidad, combustibles al detal, alimentos y producciones audiovisuales, administra hoteles, hasta representar una buena porción del PIB de una economía pequeña como la de Nicaragua. Pero la historia de éxito de este emporio se funda sobre dos pecados de origen que la inhabilitan como ejemplo a seguir: el negocio está a cargo de una casta del poder político, la familia y allegados del presidente nicaragüense Daniel Ortega; y, además, toda la operación fue apalancada con fondos públicos y activos venezolanos.
La vasta maniobra de apropiación de recursos de la cooperación internacional venezolana para favorecer a la familia presidencial nicaragüense ha tenido por vértice a Albanisa (Alba de Nicaragua, S.A.), una empresa que, aunque propiedad conjunta de la estatal petrolera venezolana Pdvsa (51% de las acciones) y de su contraparte Petronic (49% de participación), se constituyó en 2007 como una compañía privada. La decisión para registrarse así se remonta a motivaciones políticas: se quería evitar que el Congreso de Nicaragua, que incluía a una importante bancada opositora, tuviera potestad para supervisar a la empresa. Pero sus consecuencias más gruesas se reflejaron en el crecimiento del patrimonio y poder económico de los Ortega.
De este entramado se conocen detalles desde 2010. Desde entonces no ha hecho más que extenderse y sumar riqueza, a pesar de las denuncias periodísticas. Al día de hoy, el grupo de empresas detenta una posición casi de dominio en los negocios de venta de gasolina y de generación y distribución de electricidad. Acapara también el negocio de las exportaciones agroalimentarias a Venezuela, el mayor cliente del campo nicaragüense. Se calcula que en ocho años, el Gobierno de Ortega ha privatizado 3.047 millones de dólares provenientes de Venezuela, del total de 3.423 millones de dólares en cooperación estatal (que también incluye aportes del Banco de Desarrollo de Venezuela, Bandes), con la venia activa del régimen de Caracas.
Al principio fueron los dólares
El trasfondo de este negocio es político. Dos aliados ideológicos y geopolíticos, el sandinismo y el bolivarianismo, sellaron su pacto con los acuerdos de cooperación suscritos en marzo de 2007 entre los presidentes Hugo Chávez y Daniel Ortega. Antes, en enero de 2007, también se habían hecho partes del acuerdo fundacional de Petrocaribe. Apenas cuatro meses más tarde, se conformó Albanisa, la empresa encargada de administrar la factura de los diez millones de barriles de petróleo al año subsidiado que Caracas concedería a Managua.
El esquema que sirvió de marco al acuerdo establecía que Nicaragua pagaría 50% de la factura petrolera a 90 días y el otro 50% se pagaría en términos concesionales pactados a más de 23 años de plazo, con dos de gracia, quedando este fondo a disposición de Nicaragua para financiar obras de infraestructura y proyectos sociales.
Unos meses después, a finales de abril de 2007, ambos presidentes suscribieron el acuerdo energético de la Alba (Alianza Bolivariana de los Pueblos), que comprendía una modificación de las condiciones: 25% de la factura pendiente quedaría como cooperación no reembolsable canalizada a través del Fondo Alba, y el restante 25% sería asumido por Nicaragua. Pero faltaban nuevas alteraciones del acuerdo, que resultarían funcionales para el trasvase de los fondos venezolanos al patrimonio de la familia gobernante.
“En enero de 2008 se acordó entre ambas partes modificar el artículo IV del acuerdo de Cooperación Energética del Alba para establecer que ‘corresponderá a una entidad jurídica nicaragüense seleccionada por (Petróleos de Venezuela) Pdvsa recibir’ una parte de la cooperación”, explica Adolfo Acevedo, un economista nicaragüense conocedor de la materia. La persona jurídica beneficiada terminó por ser la cooperativa sandinista Caja Rural Nacional (Caruna), que llegó a administrar, de acuerdo con cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN), 599 millones de dólares entre 2007 y 2009, una cantidad de cuyo uso no hay muchos detalles.
Ese esquema de financiamiento funcionó hasta 2010. Entonces toda la factura petrolera pospuesta como fondo para el desarrollo fue asumida como préstamo para Caruna. A la vez, se cambian de nuevo las reglas del juego para destinar 38% de la cooperación petrolera a donaciones de índole social, y 62% a inversión en proyectos con fines de lucro. Esto último se conoce por los términos en que, ese año, el Gobierno de Managua informaba al Fondo Monetario Internacional (FMI).
De la noche a la mañana quedaba así legitimada la inyección directa de recursos a empresas privadas.
No es de extrañar que sea el año 2010 cuando que se detonan las denuncias sobre financiamiento abierto a empresas privadas. “Desde 2010 hasta 2014 se destinaron en promedio anual 302,3 millones de dólares a proyectos de inversión con fines de lucro y 155,3 millones de dólares a los que el Gobierno denomina proyectos sociales, aunque el FMI los distingue como operaciones cuasi-fiscales”, Acevedo saca cuentas.
En enero de 2010 se supo de un préstamo de 11 millones de dólares de otra empresa del grupo, Albalinisa, para que los Ortega adquirieran el Hotel Seminole, un tres estrellas de Managua, y desarrollaran un proyecto agropecuario con cinco mil cabezas de ganado. Albanisa destinó 9,7 millones de dólares para la compra del canal 8 de televisión, y Caruna concedió un préstamo de 160.000 dólares al canal 4, ambos gerenciados por los hijos de la pareja presidencial. Casi cuatro millones de dólares fueron entregados a constructoras de Francisco Chico López, el tesorero del gubernamental Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) –también vicepresidente de Albanisa y presidente de Petronic–.
El accionista principal de Albanisa es la petrolera estatal venezolana Pdvsa, representada en su Junta –como presidente– por Asdrúbal Chávez, primo del fallecido comandante Chávez y actual ministro de Petróleo en el gabinete de Nicolás Maduro.
Si todas estas transacciones se realizaron sin la anuencia de la parte venezolana, Chávez no hizo valer su mayoría. Pero todo parece indicar que los accionistas venezolanos estaban al tanto y de acuerdo. En 2010, cuando se divulgaron las primeras versiones sobre las puertas giratorias que comunicaban los fondos venezolanos con las empresas privadas de los jerarcas sandinistas, Rafael Paniaguas Barras, Gerente General de Albanisa para la fecha, declaró desafiante a la prensa: “Es cierto que compramos Canal 8, ¿y qué tiene de extraño?”.
Paniaguas, ingeniero venezolano cercano a Asdrúbal Chávez, fue retirado de su cargo a raíz de esas declaraciones y devuelto a Pdvsa. En 2014 recibió su jubilación de la estatal petrolera y más nunca ha salido en público. Ni siquiera en su nuevo destino: Houston (Texas, Estados Unidos), capital mundial del negocio de los hidrocarburos, donde no pudo ser contactado para este reportaje.
Electricidad: Negocios poco comunes pero corrientes
Luego de ese zafarrancho inicial, casi como una consecuencia lógica de su origen, Albanisa se ha convertido durante los últimos cinco años en un actor principal del mercado energético en Nicaragua.
En el sector eléctrico tiene contratos garantizados por 350 millones de dólares en los próximos 15 años, aunque mantengan sus máquinas apagadas. De acuerdo al Instituto Nicaragüense de Energía, las nueve plantas –diez, pronto– de Albanisa concentran 25.4% (331 megavatios/hora) de la capacidad instalada para la generación eléctrica en el país (1,311 megavatios/hora). Todos sus contratos han sido el resultado de asignaciones directas, sin licitación.
Se trata de un crecimiento exponencial del negocio, desde que en 2007 llegaron a Nicaragua las primeras plantas Hugo Chávez para superar los crónicos apagones que azotaron al país en la última etapa de la administración del ex presidente Enrique Bolaños en 2006.
Esas plantas, llegadas desde Venezuela, funcionan con diésel y están concebidas como soportes de emergencia, y no para servir de bases a un sistema eléctrico regular. Sus costos de producción son altísimos y tienden a dañarse. De hecho, han funcionado muy poco.
Luego la excepcionalidad se impondría. El Estado anuló la licitación pública establecida en la ley y el gobierno de Ortega recurrió a la contratación directa, después de incluir en una ley trabajada con carácter de urgencia la obligación de contratar 100 megavatios/hora adicionales a la brevedad.
Finalmente, Albanisa trajo 230 megas de manera escalonada con unas plantas a las que bautizaron como Che Guevara, baterías de turbinas de 2.4 megavatios.
Ahora, en el sector Los Brasiles, al este de Managua, Albanisa trabaja en la construcción de una nueva planta, con otra tecnología, para producir 140 megavatios.
Pero no es solo generación. También la distribución.
El ingeniero Francisco López, vicepresidente de Albanisa, es el representante del Estado de Nicaragua en la junta directiva de las distribuidoras de electricidad Disnorte y Dissur, ahora en manos del consorcio español TSK-Melfosur (TMI), por designación del presidente Daniel Ortega.
En efecto, el 12 de febrero de 2013, Gas Natural –otra empresa española– confirmó que había vendido 83.69% de las acciones que tenía en la Distribuidora del Norte S.A. (Disnorte) y 83.73% de la Distribuidora del Sur (Dissur) al nuevo consorcio, por un monto de 57,8 millones de dólares, según una nota de prensa oficial. El resto de las distribuidoras es propiedad del Estado nicaragüense, cuyas acciones Chico López representa.
Sin embargo, según fuentes del sector privado, el verdadero dueño es Albanisa, que habría capitalizado las deudas por 85 millones de dólares que el anterior propietario, Gas Natural, mantenía con el consorcio nicavenezolano.
“Al realizarse la compra-venta, Albanisa pasa a ser el dueño mayoritario. Si vos querés acordar un contrato con la distribuidora, terminas negociando con Chico López”, dijo una fuente del sector privado que lamenta el secretismo en la operación, cuyos términos nunca fueron expuestos a la luz pública.
Crudo, combustibles, y otros oros muy negros
También una de las mayores redes de gasolineras del país, la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), con 74 estaciones de servicio, fue sumada al grupo. Si bien el Gobierno sandinista había proclamado que la nacionalizaría, rescatándola así de las manos de la trasnacional de origen suizo Glencore –a cargo de la concesión–, las indagaciones del diario La Prensa de Managua determinaron que en realidad se adjudicó a una empresa privada de José Mojica Mejía, José María Enríquez Moncada y Aura Toruño Porras, todos vinculados directamente a la familia presidencial.
Por ejemplo, Enríquez, de profesión abogado, es a la vez vicepresidente del canal de televisión TN8, adquirido en 2010 con fondos de Albanisa (9,7 millones de dólares) y cuya propiedad aparece ahora a nombre de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial.
También es elocuente que la gerencia ejecutiva de DNP recayera en Yadira Leets Marín, esposa de Rafael Ortega Murillo, hijo mayor del matrimonio del comandante Daniel Ortega y de su primera dama –y verdadero poder detrás del trono–, Rosario Murillo.
Pero el proyecto estelar de Albanisa en el área de infraestructura para el procesamiento y distribución de combustibles es la refinería El Supremo Sueño de Bolívar, cuya piedra angular fue colocada por los presidentes Chávez y Ortega en julio de 2007 en la zona de Miramar, sobre la costa occidental nicaragüense que da al Pacífico.
A un costo de 4.000 millones de dólares, la obra debía concluir en 2012 para poner en funcionamiento a una instalación capaz de refinar 150.000 barriles de petróleo al día.
A ocho años de su inicio, en el sitio solo se ve movimiento de tierras y la construcción de tanques de almacenamiento, 16 en una primera fase. Los trabajos están a cargo de la empresa china CAM Engineerring Co., Ltd. y, según datos del Banco Central de Nicaragua, hasta la fecha Pdvsa ha invertido 312,7 millones de dólares, menos de la décima parte de lo que se calculó costaría la refinería.
Ahora se duda de que la refinería se construya jamás. Es un caso parecido al de la proyectada refinería José de Abreu y Lima, en la que Pdvsa debía participar con Petrobras para levantarla en Pernambuco, Brasil, según la visión compartida de Hugo Chávez y el ex presidente Inacio Lula Da Silva. Pero, aún si se completa o no, ¿por qué empezaron la construcción en Nicaragua por la cola, por los tanques de almacenamiento, que es una instalación secundaria? Una fuente de la empresa privada en Managua, que pide no ser identificada, lee esa peculiaridad del proyecto con suspicacia: “Con esa inversión en tanques de almacenamiento, Albanisa tiene capacidad para convertirse en el gran importador y, luego, el gran revendedor de productos terminados en el mercado regional”.
La llave de la despensa de Venezuela
Se llama Albalinisa y no es un trabalenguas ni una competencia al estilo de Descubra las diferencias. Es otra empresa que termina por conectarse al grupo de su casi homónima, Albanisa. Alba Alimentos de Nicaragua, S.A. (Albanilisa) es identificada como una de las empresas mixtas binacionales que CVAL (la Corporación Venezolana de Alimentos, adscrita al ministerio de Agricultura y Tierras y ahora en proceso de liquidación) declaraba haber constituido también con naciones aliadas como Rusia y Siria. Pero, en el caso de Nicaragua, Albalinisa quedó encargada de administrar el mecanismo de compensación creado en el marco de Petrocaribe y por el cual Managua puede pagar una fracción de su deuda petrolera en especies.
“Para el pago diferido, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, podrá aceptar que parte del mismo se realice con productos, bienes o servicios establecidos mutuamente”, ofrece Caracas a sus contrapartes en el texto del acuerdo de Petrocaribe.
Nicaragua le sacó partido a este párrafo. ¿Y cómo? En 2006, las exportaciones de Nicaragua a Venezuela totalizaban dos millones de dólares, menos de lo que exportaban Haití o Belice al país suramericano. Pero de 2007 a 2014 las ventas nicaragüenses a Venezuela se multiplicaron 49 veces, de 7,6 millones de dólares a 375,95 millones, según datos oficiales del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex). La caída constante del precio del petróleo desde fines de 2013, y la subsecuentemente menor disponibilidad de divisas por parte del Estado venezolano, hacen difícil creer que se volverá a alcanzar el tope de 444 millones de ventas anuales de Nicaragua a Venezuela, que data de 2012.
Pero, de todas maneras, el negocio sigue siendo pingüe. Venezuela se convirtió en el mayor mercado de exportación del campo nicaragüense y no solo en cantidad: con frecuencia, el ávido cliente venezolano –que es el Estado– paga precios por encima del promedio internacional. Solo lo superan Estados Unidos y Taiwán. Además es un cliente voraz, que siempre vuelve por más, paga rápido y, hasta hace poco, se daba el lujo de pagar por adelantado.
Las agroindustrias nicaragüenses de la carne, del café, de la leche, del azúcar y del aceite y oleaginosas, viven una verdadera bonanza con el maná venezolano. De todos los regímenesbolivarianos del continente, quizás sea el de Daniel Ortega el que mantiene mejores relaciones con los capitanes empresariales, y todo gracias al canal privilegiado de colocación de sus productos que ha logrado con sus aliados en Caracas.
Resulta curioso que, en contraste con su prédica de izquierda, los miramientos del Gobierno de Ortega se hayan concentrado en los grandes productores. “Los principales productos que gozan de acceso preferencial al mercado venezolano, con excepción del frijol negro o caraota, se encuentran en manos del gran capital nacional”, apunta el economista Adolfo Acevedo. “Para la Comisión Nacional de Productores de Azúcar, para las plantas industriales de procesamiento de productos lácteos como Centrolac y Parmalat, para el Matadero San Martín, entre otros, el mercado de Venezuela ha sido un excelente negocio”.
En cambio, de las pocas contrapartidas que los pequeños productores del campo habrían podido recibir de la alianza con Venezuela, se sabe poco, y eso que se sabe es sombrío. Por ejemplo, los suministros de urea venezolana para fertilizar se centralizaron en una organización oficialista, Nicaraocoop, que estableció precios diferenciales según la afiliación política o familiar del comprador.
Una asignación de contado por diez millones de dólares que Hugo Chávez entregó para financiar préstamos dirigidos a pequeños y medianos productores, terminó distribuida “en sólo cinco empresas”, según escribió la economista Gloria María Carrión Fonseca en una nota de la revistaEnvío. “Cuando los miembros de” la federación campesina “preguntaron por el criterio que se usaría para acceder a los préstamos, el gobierno les informó que los criterios ya habían sido establecidos y los recursos distribuidos”, aseguró.
A cambio del impulso para sus negocios, los grandes productores agrícolas nicaragüenses se dejaron acostumbrar a que Albalinisa intermediara en sus exportaciones. Albalinisa era en 2009 la número 48 entre las firmas exportadoras de Nicaragua. En 2014 se convirtió en la segunda.
La llave de Albalinisa para exportar a Venezuela la tiene Francisco Chico López, vicepresidente de Albanisa y tesorero del FSLN. “Él es quien decide en última instancia”, coincidieron varias fuentes consultadas. Con el que hay que firmar las negociaciones y acuerdos.
Cuando elige proveedores, López prácticamente elige a quién le va a ir mejor en la temporada.
Por ejemplo, en el azúcar. “Todos los ingenios exportan a Venezuela. Pero no hay una regla. Algunos años van todos, otros años van unos cuantos; unos venden mayor cantidad, otros, menor cantidad (…) Albanisa nos dice: necesitamos equis cantidad de azúcar. Los ingenios dicen: ‘Yo tengo tanto, tengo compromisos por tanto, puedo darte tanto; este es mi plan de exportación o no tengo nada este año’”, refiere Miguel Amador, Gerente de la Comisión Nacional de Productores de Azúcar (CNPA).
En todo caso, si Venezuela no le compra más alimentos a Nicaragua, es porque hay un techo: el trueque de alimentos por petróleo solo puede llegar hasta un valor equivalente a 25% de la factura petrolera. El otro techo a las ventas nicaragüenses se lo ponen la burocracia y las ineficiencias venezolanas.
“Desde el primer día fue difícil comenzar a venderles leche, aún a través del mecanismo de Albanisa, pero fue haciéndose más difícil con el paso de los años, porque todo camina lento en Venezuela: las certificaciones, las inspecciones”, admite Alfredo Lacayo, Gerente General de Centrolac. La leche y bebidas saborizadas de Centrolac se ven de cuando en vez en los anaqueles de tiendas venezolanas. “A pesar de ser un país que importa todo lo que consume, los requisitos para importar en Venezuela son sumamente engorrosos, y la burocracia que vive de eso es enorme, poderosa e independiente”.
“Conseguir un registro sanitario en Venezuela te toma más de un año”, sigue Lacayo. “Aunque el presidente diga: ‘Denle mañana el registro sanitario’, igual tarda un año”.
Mario Amador, de los productores de azúcar, recuerda una vez que el gremio recibió un reclamo de Albalinisa por un embarque de azúcar. Su contraparte venezolana rechazaba el producto recibido porque decían que se les había enviado azúcar sólida, petrificada, “pero era mentira. Era un problema de descarga que ellos tenían en Venezuela”.
Lacayo, el gerente de Centrolac, recuerda algo similar. Su contraparte venezolana dejó varado por tres meses un contenedor en Puerto Cabello (estado de Carabobo) “y la leche no está supuesta para permanecer en un contenedor a 27 grados centígrados por todo ese tiempo”. Pero entiende que “sacar un contenedor de Puerto Cabello también es engorroso. Eso es parte del problema económico de Venezuela, que la burocracia ha crecido a tal grado que los trámites se hacen muy difíciles”.
El que calla, otorga
En 2010 Rodolfo Obregón, un ingeniero que se desempeñó como gerente de Albanisa y Petronic, anterior amigo de Francisco Chico López, rindió testimonio para Confidencial de Managua sobre los entretelones administrativos del emporio. Su relato hablaba de montos de divisas en efectivo guardados en casas de los ejecutivos y un creciente endeudamiento de la empresa, a pesar de su notoria liquidez. “Pareciera que no estamos ante una empresa normal, sino ante un esquema de endeudamiento para transferir fondos a terceros”, barruntó entonces Obregón.
El poder político y una dinastía familiar consiguieron sacar réditos de controlar el acceso a la cooperación venezolana en Nicaragua. De ese manejo surgió una nueva clase social congregada en torno a los Ortega. “Era imposible tapar el sol con un dedo”, recordaba Obregón. “Inmediatamente vino el cambio de estilo de vida de Chico López, de la familia presidencial, los que estábamos ahí lo mirábamos”.
Los jerarcas cambiaron sus viejos carros por vehículos de lujo. Literalmente. La cooperación venezolana costeó la renovación del parque vehicular al servicio del partido de Gobierno, FSLN. Unas 25 camionetas fueron a parar a la casa de Ortega, que funciona al mismo tiempo como cuartel partisano, hogar, y sede de la Presidencia de la República.
En 2009 unos inspectores de Pdvsa –sobre el papel, accionista mayoritario de Albanisa– concluyeron que esta empresa, constituida apenas dos años antes, resultaba inauditable. Es la única diligencia que se conoce desde la orilla venezolana para proteger unos recursos de los que, se supone, son vigilantes. De resto, la Asamblea Nacional venezolana, controlada desde 2005 por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados, nunca se ha avenido a discutir el caso de Albanisa. Todas las pistas muestran a una administración venezolana conforme con lo que ha ocurrido en Nicaragua con los fondos de la cooperación.
Apenas una mención al tema aparece en el Informe de Gestión de 2014 del diputado opositor por el estado de Táchira, Homero Ruiz, quien reseña informaciones de la prensa nicaragüense y una nota de un website venezolano, subrayando la paradoja de que Nicaragua estrene plantas eléctricas pagadas por el gobierno venezolano, mientras en el país se registran apagones.
“De acuerdo al anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional del 2010, y a la Ley sobre la materia de 1958, diría que no hay base legal para que la cooperación internacional venezolana se dirija a entes con fines de lucro”, opina un abogado venezolano que trabaja para institutos de la Universidad de Harvard (Massachussets, Estados Unidos), y que pide mantener su nombre en reserva. “Sin embargo, de lo que ve en los acuerdos entre Venezuela y Nicaragua pareciera que son tratados interestatales. En este caso, el manejo a lo interno de Nicaragua hacia entes privados podría violar el espíritu del tratado bilateral y debería venir de parte de Venezuela el interés por denunciar esto. Pero la manera en que se ha estructurado los acuerdos de la Alba buscan crear estos mecanismos no convencionales en los que grupos de lado y lado se están beneficiando de la implementación de los acuerdos de cooperación”.
(*) Este trabajo, que forma parte de un proyecto conjunto de investigación periodística entre Confidencial.com.ni de Nicaragua y Armando.info de Venezuela, contó con el apoyo de Open SocietyFoundations.
Publicado originalmente en ArmandoInfo