En el marco de la 104 Conferencia Internacional del Trabajo el Instituto de Alto Estudios Sindicales (Inaesin) manifestó su preocupación por lo que consideran una cultura de estigmatización y persecución a los trabajadores del sector público por parte del Gobierno venezolano, la cual se refleja en el despido selectivo de dirigentes sindicales, así como las ilegales jubilaciones de oficio a trabajadores y sindicalistas. NP
Linerby Sánchez, directora de proyectos de Inaesin, señaló ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que el Gobierno promociona el paralelismo sindical y la indebida intervención del Consejo Nacional Electoral (CNE) en los procesos electorales y legitimación de las organizaciones sindicales, con engorrosos y costosos trámites, que ha conducido a la negación del derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical. “El Estado alega mora electoral, siendo esto violatorio de la autonomía sindical, consagrada en el Convenio 87 y se mantiene, a pesar de que los órganos de control de la OIT han llamado al gobierno a poner fin a esta práctica”, dijo.
Sánchez explicó la existencia de dos normas aplicables a los trabajadores del sector público: Ley del Estatuto de la Función Pública y Ley Orgánica del Trabajo, que distorsionan la aplicación de la libertad sindical, utilizando para ello la facultad gubernamental de negar u otorgar derechos a conveniencia e interpretación de dichas normas. “En tal sentido, planteamos la necesidad de unificar la fuente del derecho que regula al empleo público desde la concepción de la OIT, según la cual todos los trabajadores son sujetos de derechos independientemente de si son administrativos u operativos. Se hace indispensable la ratificación de los Convenios 151 y 154, que ofrecen un marco normativo internacional de aplicación y respeto del derecho de libertad sindical y negociación colectiva para los trabajadores del sector público”.
La directora de proyectos de Inaesin informó que han insistido en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de iniciar un proceso de dialogo bipartito incluyente, con el objeto de lograr una concertación entre los trabajadores, todas sus organizaciones y la administración pública, con el fin de fortalecer el empleo público y el pleno respeto a los derechos contenidos en el Convenio 87 de la OIT. “Es necesario reiterar esta solicitud debido a la negativa del gobierno o a la mala práctica del “silencio administrativo” utilizado por las autoridades, para evadir compromisos adquiridos ante iniciativas como la Misión Internacional promovida por la CSA-CSI y por la Internacional de Servicios Públicos ISP- realizada en agosto 2014”, afirmó.
Destacó que son conscientes de la importancia del diálogo social como valor, método y práctica inherente a la democracia y como estrategia fundamental para contar con servicios públicos de calidad, así como para el derecho de los trabajadores a condiciones dignas de vida y de trabajo. “Por ello, exhortamos al gobierno para que adquiera compromisos claros y precisos, en el marco de esta 104ª Conferencia Internacional de la OIT”.