El Instituto Prensa y Sociedad solicitó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que el Estado venezolano garantice una comunicación libre, independiente y equitativa para las parlamentarias.
La organización pidió a la ONU, durante la interpelación del Comité de Derechos Humanos a Venezuela, que exhorte al Estado a eliminar los delitos penales por difamación e injuria; que se propicie un sistema de medios equilibrado, libre, plural y autónomo; que prohíba los procesos judiciales por el ejercicio de la libertad de expresión o el derecho a la información, y que se cumpla con las obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
El IPYS denunció que entre 2005 y 2014 el Estado ha abierto 42 procedimientos judiciales contra periodistas, medios y organizaciones de derechos humanos.
“El gobierno de Nicolás Maduro ha iniciado 20 demandas legales contra medios (incluido El Nacional). La mayoría de estos juicios se ha ejercido por delitos por difamación e injuria. Las penas a la expresión buscan silenciar las informaciones”, agrega la organización en su informe.
Alertó que 25 medios fueron vendidos en los últimos 5 años y que ha podido constatar que 9 de estos pasaron a tener vinculaciones con factores del poder gubernamental: “44% cambió a una línea editorial progobierno local, 20% cambió a una línea editorial neutra y 36% cerró”.
Vía El Nacional