El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo hoy la liquidez de emergencia máxima que pueden pedir los bancos griegos a través del Banco de Grecia en 89.000 millones de euros, informó un portavoz de la entidad monetaria.
El consejo de gobierno del BCE, que está integrado por los gobernadores de los bancos centrales de los 19 países de la zona del euro y es su máximo órgano ejecutivo, se reunió hoy para discutir la asistencia financiera a Grecia antes del referéndum del domingo.
El BCE volverá a discutir el lunes sobre la provisión urgente de liquidez para los bancos griegos, que a cambio de los préstamos tienen que presentar garantías.
Estas garantías son la deuda soberana helena y la deuda emitida por bancos y garantizada por el Gobierno griego, que ha sido degradada de nuevo por las agencias de calificación.
Fitch bajó esta semana la calificación de la deuda de Grecia una nota a “CC” y Standard and Poor’s (S&P) a “CCC-“, por el aumento del riesgo de impago y porque es menor la probabilidad de que el país se mantenga en la zona del euro.
En la terminología de estas agencias “CCC” significa extremadamente especulativo por la escasa capacidad para hacer frente a los pagos y “CC” es una situación cercana a la insolvencia.
Pese a ello y a que Grecia carece de rescate, el BCE no ha decidido aplicar mayores recortes de valor a estas garantías.
Los ministros de Economía y de Finanzas de la zona del euro, el Eurogrupo, va a esperar, antes de seguir negociando con el Gobierno de Atenas, a conocer el resultado del referéndum que se celebrará el próximo domingo en Grecia para votar a favor o en contra de las últimas propuestas de los acreedores.
Grecia está en mora con el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque ayer no pagó un tramo de un crédito de 1.600 millones de euros.
Tras el vencimiento del segundo programa de rescate, la situación es nueva y toda negociación deberá empezar bajo nuevas condiciones y según las reglas del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
El BCE solicitó la semana pasada a Grecia que aplicara controles de capital en el país después de que el Gobierno de Atenas interrumpiera las negociaciones con sus acreedores y convocara el referéndum.
Los bancos de Grecia permanecerán cerrados toda la semana, aunque hoy han abierto para pagar las pensiones, y las retiradas de dinero de los cajeros se han limitado a 60 euros diarios desde el lunes.
Las agencias de medición de riesgo han dicho que la suspensión de un pago frente al FMI u otro acreedor público no es un impago, por lo que en este caso no se considera que Grecia esté en quiebra.
Pero si Grecia no paga el 8 de julio a sus acreedores privados la deuda a corto plazo, entonces será calificado de “impago selectivo”, según Standard’s & Poor’s.
El BCE dejó de aceptar a mediados de febrero la deuda soberana griega como garantía en sus operaciones de refinanciación y desde entonces Grecia sólo se financia a través de la provisión urgente de liquidez, que es más cara.
El BCE había hecho a finales de diciembre de 2012 una excepción y comenzó a aceptar deuda griega, aunque con recortes de valor importantes, pese a que era calificada de bono basura por las agencias de medición de riesgo.
Grecia debe devolver en el segundo semestre de este año 26.600 millones de euros al FMI, a acreedores privados por bonos a corto plazo (T-Bills) y al BCE.
El 20 de julio debe pagar al BCE unos 3.500 millones de euros por la deuda griega que tiene la entidad monetaria en sus carteras, cuyo valor nominal asciende a 19.800 millones de euros.
El BCE y los bancos centrales de la zona del euro comenzaron a comprar en mayo de 2010, bajo la presidencia del francés Jean-Claude Trichet, deuda soberana de Grecia que ya no se podía financiar en el mercado a tipos de interés razonables.
En ese momento, a finales de marzo de 2010, la exposición de los bancos franceses en Grecia era de 53.000 millones de euros, la de los alemanes de 33.000 millones de euros, la de los estadounidenses de 10.000 millones de euros y la de los británicos de 9.000 millones de euros, según cifras del presidente del Instituto de Investigación Económica de Alemania (Ifo), Hans-Werner Sinn.
EFE