La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves una ley que niega fondos a las ciudades que son consideradas “santuario” de inmigrantes indocumentados, porque sus autoridades se niegan a cooperar con las agencias migratorias federales en la ejecución de deportaciones.
Por 241 votos contra 179, la cámara baja del Congreso, controlada por la oposición republicana, aprobó una ley que dejaría sin fondos federales a las jurisdicciones que incumplan las órdenes de detención de indocumentados emitidas por la agencia migratoria ICE.
“Algunas ciudades deciden ignorar nuestras leyes y no es solo malo, sino claramente peligroso también”, explicó el presidente de la cámara baja, el republicano John Boehner.
“La Cámara actúa hoy para avisar a las autoridades locales y estatales que no les permitiremos más decidir cómo y cuándo cumplen con las leyes de la nación”, añadió.
El voto en la cámara baja ocurre tres semanas después de un polémico asesinato a manos de un indocumentado mexicano que era solicitado para ser deportado.
Juan Francisco López Sánchez,un indocumentado mexicano, expulsado cinco veces de Estados Unidos, fue detenido en marzo a razón de una vieja acusación por venta de marihuana.
El servicio federal de migración y aduanas (ICE, en inglés) había pedido que López fuera retenido bajo custodia para ser deportado, pero en abril fue liberado por el sheriff de San Francisco. Tres meses después asesinó a balazos a Katrhyn Steinle, en circunstancias aún confusas.
El asesinato de Steinle “resalta un serio problema en el cumplimiento del sistema migratorio”, afirmó Boehner, quien llamó al gobierno de Obama a presionar a las ciudades consideradas “santuario” de inmigrantes clandestinos.
Según el centro de análisis Migration Policy Institute, 53% de los 11 millones de personas sin papeles viven en esas ciudades que limitan o niegan completamente su cooperación con las autoridades federales, formalmente conocida como el programa “Secure Communities” o Comunidades Seguras.
Obama anunció en noviembre de 2014 una serie de decretos migratorios, incluyendo el remplazo de “Secure Communities”. El nuevo programa ensaya protocolos adaptados caso por caso a cada jurisdicción para buscar convencerlas de cooperar con las fuerzas federales.
AFP