Venezuela debe garantizar la autonomía e independencia de los jueces y fiscales y, específicamente, resolver la situación de la jueza María Lourdes Afiuni en un juicio justo, independiente e imparcial, según solicitó hoy el Comité de Derechos Humanos de la ONU. EFE.
Venezuela se sometió los pasados 29 de junio y 30 de julio al escrutinio del Comité, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y hoy el organismo ha presentado sus conclusiones.
Hay “informes sobre las consecuencias negativas que habría tenido para algunos jueces adoptar, en el desempeño de sus funciones, decisiones desfavorables al Gobierno” y cita el caso de la jueza Alfiuni.
La jueza fue detenida en diciembre de 2009 por poner en libertad a un empresario crítico con el Gobierno que ya había cumplido en prisión preventiva.
La magistrada fue acusada después de que el entonces presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) la llamara “bandida” y pidiera para ella la máxima pena de prisión.
Hasta ahora su juicio no se ha celebrado y sigue sometida a medidas restrictivas de libertad, situación que ha sido criticada en reiteradas ocasiones por múltiples órganos de las Naciones Unidas.
Afiuni ha denunciado que durante el tiempo de reclusión fue violada y fue objeto de abusos sexualmente.
“Venezuela debe garantizar que se resuelva la situación judicial de la jueza Afiuni a la mayor brevedad posible en un juicio justo, independiente e imparcial y que se investiguen de manera pronta y exhaustiva las alegaciones relativas a los malos tratos y agresión sexual que habría sufrido durante su detención”.
“El Comité continúa preocupado por la situación del poder judicial” en Venezuela, “particularmente en lo que atañe a su autonomía, independencia e imparcialidad”, según las conclusiones.
“Observa con preocupación que sólo el 34 % de los jueces son titulares, lo que significa que el resto está en situación de provisionalidad y que tanto sus nombramientos como remociones pueden realizarse de manera discrecional”, añade.
Asimismo, los expertos lamentan no haber recibido información sobre el porcentaje de fiscales del Ministerio Público que son titulares, “y le preocupan los informes que indican que ese porcentaje sería muy bajo”.
Venezuela “debe tomar medidas inmediatas para asegurar y proteger la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales y garantizar que su actuación esté libre de todo tipo de presiones e injerencias”, instan los expertos.
Por otra parte, el Comité se refiere a la suerte de los políticos opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos, y recuerda que su encarcelamiento “ha sido declarado arbitrario por el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria”.
“Venezuela debe garantizar que ningún agente estatal adopte medidas o realice actos que pudieran constituir intimidación, persecución, descalificación o una injerencia indebida en el trabajo de los periodistas, los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales, los abogados y los miembros de la oposición política”, afirma.
Asimismo, los expertos se preocupan sobre el ejercicio de la libertad de expresión y de información y pide al Estado que reconsidere la “despenalización de la difamación”.
El Comité lamenta la falta de claridad tanto respecto a la necesidad de pedir autorización para realizar una manifestación como acerca de las restricciones a la financiación extrajera de organizaciones.
Finalmente, el “Comité invita” a Venezuela “a considerar volver a ser parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos con miras a ofrecer una protección complementaria a los derechos contenidos en el Pacto a nivel regional”.