Para una población que ya alcanza los 31 millones de habitantes, estimamos que los sectores D y E se acercan a unos 23 millones de Venezolanos, al calcular un promedio de 5 personas por familia, nos indica que son aproximadamente cuatro millones seiscientos mil familias (4.600.000) y sus ingresos mensuales por grupo familiar (incluye a todos los miembros de la familia que perciben una remuneración) están por debajo del costo actual de la canasta alimentaria. Lo cual coloca a la mayor parte de los venezolanos en limitación para alimentarse adecuadamente.
Lo que más preocupa es que el sector C de la población que llego a alcanzar un 20% del total de habitantes, se ha reducido aproximadamente a un 15%.Asi lo indican los niveles de salarios percibidos, ya que este grupo de la población tiene ingresos totales mensuales que superan el valor de la canasta alimentaria. El sector B de la población con ingresos familiares mensuales que están por encima de la cesta básica se redujo de 9% a 7%. Esto demuestra como ha venido cayendo el poder adquisitivo del Bolívar en los últimos anos, creando serias limitaciones para cubrir sus necesidades a los distintos sectores poblacionales
Los efectos en la mayoría de los Venezolanos alrededor de un 75% de los habitantes, que son los sectores D y E es preocupante ya que se sienten perjudicados por los constantes ajustes de precios. Pero lo que más los angustia son los niveles de escasez, que los obliga a buscar sus alimentos en distintos sitios, teniendo que padecer largas colas para luego encontrarse con que se acabaron los productos antes de comprarlos.
El gobierno propone como solución la venta de productos subsidiados y regulados en sus puntos de distribución y venta (Mercal, Bicentenario, PDVAL etc.), lamentablemente a pesar de los controles y sanciones aplicadas en algunos casos, estimamos que un 15% de esos productos van a los países vecinos (contrabando), ya que el diferencial de precios es de hasta 10 veces su precio de compra en Venezuela. También buena parte de estos van a la reventa, lo podemos observar a lo largo y ancho del país ya que este mecanismo se ha convertido para muchos en una oportunidad de obtener un ingreso adicional, tan solo con vender parte de lo adquirido recupera lo invertido en la compra y obtiene utilidades entre 3 y 5 veces el costo de adquisición, se estima que entre 20% y 25% de los productos subsidiados surten el comercio informal de reventa. El cual ha crecido en los últimos 3 años unas cinco veces en número de personas que la ejercen y el volumen de productos manejados. Estimamos que alrededor de un millón y medio de ciudadanos ejerce el comercio informal.
El gobierno toma como base para el cálculo de los índices sociales los precios de los productos regulados, los cuales cubren apenas un poco más del 20% del total del consumo, el resto se adquiere a precios de “oferta” por lo cual estos números no reflejan el valor real de costo de vida, niveles de escasez y pobreza real. Pero para un total de 6.2 millones de familias (unos treinta y un millón de habitantes) que somos el total de la población que reside en Venezuela; son una minoría los que realmente resultan beneficiados en la adquisición de estos productos subsidiados. Por lo cual una mayoría de las familias tienen que adquirir parte de sus alimentos a precios de “mercado” con sus consecuencias en la capacidad de compra y consumo en los sectores de menores ingresos.
Estimamos que la inflación del mes de Julio se acerca al 15%, siendo una de las más elevadas en los últimos anos, sus efectos en los sectores D y E de la población son desbastadores, al reducir su capacidad de compra por los aumentos de precios constantes, al compararlos con sus ingresos reales y observar como los índices de escasez alcanzan el 70% en algunos de los productos esenciales que consume la familia Venezolana. Esta situación nos demuestra la complejidad que afecta a la mayoría de los venezolanos, cuyos ingresos familiares mensuales están por debajo del costo de la canasta alimentaria.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución