Las empresas Seguros Carabobo C.A. e Inversora Insecar, S.A., fueron intervenidas en julio de 2010 por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg), debido al proceso judicial que le abrieron a los accionistas de Econoinvest, compañía a la cual pertenecían.
Ricardo Sánchez Silva / La Patilla
Un grupo de empleados, que prefirieron resguardar su identidad, se movilizó hasta la sede de LaPatilla.com para denunciar la situación irregular en la que se encuentran las dos empresas, que fueron intervenidas por tres juntas. La primera con denuncias, incluso, en Fiscalía debido a irregularidades y acciones que no estuvieron apegadas a la ley, reconocidas por el último grupo de funcionarios que asumió la dirección de las empresas.
Los trabajadores aseguraron que según la resolución CJ-015 emanada del Ministerio de Planificación y Finanzas, se revoca a la junta interventora desde diciembre de 2013. Sin embargo, Sudeaseg no ha ordenado que se retire Isabel Gazaui, la única funcionaria de la junta que queda en la administración las empresas.
Los empleados afirmaron que temen por sus puestos porque la cartera de clientes se congeló y los ingresos de la empresa han mermado, lo que ha provocado la inestabilidad financiera de las compañías. Hasta la fecha acudieron a la propia Sudeaseg, el Ministerio de Finanzas y la Defensoría del Pueblo. Recientemente se dirigieron a la Asamblea Nacional, para pedir que la Comisión del Desarrollo de Finanzas, se pronuncie al respecto.
Los entes públicos, aunque han reconocido que la resolución está apegada a ley y que las empresas deben ser devueltas a sus dueños originales para regularizar su funcionamiento, no terminan de dar respuesta. Seguros Carabobo llegó a ocupar el puesto número 13 en el ranking nacional de aseguradoras, pero la situación actual pondría en riesgo, incluso, la capacidad para responder a sus clientes, por lo que aseguraron que al paso que van, proyectan que las empresas funcionarían máximo hasta febrero de 2016.
Para junio de 2015, Seguros Carabobo arrojó una pérdida de 59,9 millones de bolívares y bajó al puesto 44 de 48 en el ranking de aseguradoras de la Sudeaseg.
Actualmente los salarios y beneficios laborales están por debajo del resto del promedio en empresas del mismo rubro dentro del país, aunque afirman que los únicos aumentos y ajustes que han brindado han sido los decretados por el Ejecutivo sobre el sueldo mínimo.
“Ya la intervención como medida preventiva fue revocada. Cada día que pasa estamos mermando en todo, aparte que somos 450 empleados, tenemos a nuestras espaldas el doble en familia, de los cuales las mismas pólizas de seguros las tenemos en la compañía. Hay personas que tenemos hasta 15 años trabajando, con la esperanza que esto se solucione para no perder los años de servicio”, aseveró una fuente interna, quién también resaltó que la cantidad de clientes que maneja la cartera comercial es de 80 mil, cifra que consideran muy baja en comparación con años anteriores a la intervención.
La Defensoría del Pueblo habría enviado a un funcionario al Ministerio de Finanzas como mediador en este caso – de interés colectivo, según los mismos empleados, – pero presuntamente no lo habrían atendido. En la actualidad esperan que la AN pueda brindarles solución y Sudeaseg acate finalmente la resolución, a la cual ha hecho caso omiso por año y medio.
Los trabajadores ya protestaron a finales de 2014, pero estarían dispuestos a trasladarse a la capital para ejercer presión, si no son tomados en cuenta.