La titular de la Fiscalía General de Venezuela, Luisa Ortega, acusó hoy al Comité de Derechos Humanos de la ONU de pedirle investigar la violencia en el país suramericano como si no lo hiciera y de valerse de una matriz de opinión creada “con fines de magnificar un hecho que nada responde a la realidad”. EFE.
Es una “falta de objetividad” valerse de tal matriz siendo el órgano de las Naciones Unidas que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dijo Ortega, quien se presentó el mes pasado ante la sede de esa instancia en Ginebra para presentar un informe oficial sobre el asunto.
Ese Comité de la ONU, dijo Ortega hoy en su programa de radio “Justicia y valores”, le exigió entonces al Estado venezolano velar porque todos los casos de muertes violentas sean investigados y que los responsables sean llevados ante la justicia y sancionados.
“Eso siempre se hace; cada vez que el Ministerio Público tiene conocimiento de la comisión de un hecho punible nosotros procuramos que se esclarezca y solicitamos las sanciones de quienes sean responsables”, aseveró.
Pero el Comité de la ONU, añadió la fiscal, secunda la matriz de opinión creada “con fines de magnificar un hecho que nada responde a la realidad (…), porque no se pueden considerar que todas las muertes violentas impliquen un delito”.
“Hay muertes violentas que no son constitutivas de delitos; es un error considerar que todas las muertes violentas son delitos”, insistió.
La fiscal ejemplificó en que desde el 1 de enero y el 15 de julio pasado el principal tanatorio de Caracas, la llamada Morgue de Bello Monte, registró el ingreso de 352 víctimas de hechos violentos.
Por accidentes de tránsito llegaron allí 255 fallecidos, 73 por caídas desde altura, 3 por quemaduras y 21 por asfixia mecánica, todas víctimas de “hechos violentos, pero no delitos”, remarcó.
Además, prosiguió en su programa de radio, la Fiscalía “ha dado muestras con su accionar que trabaja incansablemente por investigar los delitos y lograr la sanción de los responsables”.
Al someterse al escrutinio del Comité en Ginebra la fiscal reveló que los tribunales de su país habían condenado a 7 funcionarios por la represión de las manifestaciones antigubernamentales del primer semestre de 2014 y que aún restaban por recibir sentencia otros 29.
Estos 36 funcionarios “de distintos cargos del Estado” fueron acusados por presuntos delitos cometidos durante las llamadas “guarimbas” (barricadas) opositoras, 9 de ellos acusados de homicidio y 27 de tratos crueles, reveló.
Hasta el mes pasado permanecían en prisión 35 personas, de ellas “14 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y 21 civiles” involucrados en hechos violentos que durante las “guarimbas” dejaron 43 muertos, entre activistas afines y detractores del Gobierno, agentes policiales y transeúntes.
La fiscal también indicó en Ginebra que la tasa venezolana de homicidios en 2014 fue de 62 asesinatos por cada 100.000 habitantes, cifra que la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia asciende a 82.