La organización International Crisis Group (ICG) advirtió hoy que la “crisis amenaza con convertirse en una tragedia” en Venezuela y llamó a los países de la región a involucrarse activamente en la búsqueda de soluciones, reseña EFE.
“A la gran mayoría de los venezolanos les resulta hoy imposible obtener suficientes alimentos o garantizar su salud”, señala ICG en un nuevo informe sobre la situación en Venezuela difundido hoy.
La organización especializada en prevenir conflictos esboza en el informe un panorama político marcado por el antagonismo y la falta de diálogo entre el Gobierno y oposición, la “erosión” de la democracia y unas cruciales elecciones legislativas en diciembre, en las que se presume que el descontento va a pesar en los resultados.
El panorama económico, dominado por la baja del precio del petróleo, muestra, según ICG, recesión, una elevada inflación y un fuerte endeudamiento, con acuciantes compromisos de pago.
Pero el objetivo central del estudio “Venezuela: Un desastre evitable” es exponer la “emergencia médica”, el “declive de la producción” y la “pobreza y el hambre” y recomendar algunas líneas de actuación al Gobierno, la oposición y la comunidad internacional.
Al ser preguntado por Efe si no teme que este nuevo informe sea tachado de “exagerado”, Javier Ciurlizza, responsable de ICG para América Latina, dijo hoy que objetivamente la situación ha empeorado respecto a la reflejada en anteriores informes.
“La polarización política se ha acentuado, con el agravante que hoy Venezuela no cuenta con los ingentes recursos económicos derivados de la bonanza de los precios del petróleo, que permitía sortear las crisis políticas aumentando el gasto social”, señala.
“Por eso, ahora decimos que la combinación del declive económico, las carencias sociales y la falta de diálogo político confluyen a una crisis más difícil de controlar y con menos opciones para las partes”, agregó.
Para la organización con oficina para América Latina en Bogotá, “el descenso pronunciado de los ingresos reales, la marcada escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos, junto con el colapso de los servicios sanitarios” son señales de “un problema social inminente”.
“Si no se aborda rápidamente de forma contundente, se convertirá en una grave crisis humanitaria, con un impacto sísmico en la política y la sociedad”, subraya.
Tras señalar que esta situación es el “resultado de malas decisiones políticas, incompetencia y corrupción”, ICG opina que “aún hay tiempo para evitar sus peores consecuencias”.
Los países vecinos y organismos regionales como Unasur deben actuar, no solo por razones humanitarias, sino también “prácticas”.
“El colapso de la infraestructura de salud y bienestar social probablemente dificulte aún más el manejo del conflicto político, y podría derivar en una mayor erosión de la democracia y una creciente probabilidad de violencia política. Esto a su vez podría tener repercusiones más allá de las fronteras de Venezuela”, dice.
Entre los riesgos potenciales menciona una “migración económica y política a gran escala”, “la propagación de enfermedades y la proliferación del crimen organizado”.
Pero, además, advierte del peligro de “un caótico default (cese de pagos) de la deuda externa” venezolana, con consecuencias para los países del programa Petrocaribe y los que son proveedores de la otrora opulenta Venezuela, especialmente Colombia.
El primer paso con vistas a evitar una tragedia debería ser, según ICG, que el Gobierno admita los problemas, seguido del desmantelamiento del sistema de control de cambios y de la búsqueda de un apoyo amplio para implantar un programa de emergencia que restaure el equilibrio económico y proteja a los más vulnerables.
En el caso de que se logre abrir un diálogo político, la prioridad debe ser concertar acciones para garantizar el suministro básico a los más necesitados y un sistema de bienestar social libre de intervención o manipulación partidista.
La oposición, por su parte, debe “resistir la tentación de sumar puntos políticos” y presentar una clara agenda de reformas económicas y sociales.
Para ICG, el papel de los vecinos de Venezuela y la comunidad internacional en general es claro: “Deben abandonar su renuencia a actuar y presionar explícitamente para que se restaure el Estado de derecho y los contrapesos y equilibrios institucionales, empezando por la estricta supervisión de las elecciones parlamentarias”.
También deberían ayudar a “aliviar los costos sociales de la actual crisis ofreciendo alimento y ayuda médica y presionando para que se reconozcan y se controlen las epidemias”.
“El Gobierno venezolano no está garantizando un nivel mínimo y aceptable de atención médica a la población, como exigen la constitución y los estándares internacionales”, y eso “ya está costando vidas”, alerta ICG.
En cuanto a la alimentación, la organización internacional señala que Venezuela “no se enfrenta a una hambruna, pero las mejoras en materia de pobreza y nutrición que se lograron entre 2003 y 2012 se han desgastado casi por completo y el bienestar de la población se está deteriorando drásticamente”. EFE