Puede que los líderes empresariales brasileños tengan diferencias ideológicas con la presidenta izquierdista Dilma Rousseff, pero los llamados para que sea sometida a un juicio político es algo que los pone nerviosos, lo que de hecho, ofrece a la mandataria un apoyo efectivo de un sector inesperado, reseña Reuters.
A esta comunidad le preocupa que una salida traumática convierta un periodo de profunda incertidumbre política en una recesión que los expertos creen que podría traducirse en una contracción de la economía de un 2 por ciento este año.
Este respaldo tácito de los grandes negocios y un acuerdo tentativo con un agitado Senado está ayudando a Rousseff a sobrevivir a la crisis, apenas siete meses después del inicio de su segundo mandato de cuatro años.
“Un juicio político es un asunto traumático que afecta a los sectores políticos y empresariales en un momento en que Brasil lucha por recuperar su credibilidad en el extranjero”, afirmó Alencar Burti, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del estado de Sao Paulo.
“Lo que importa ahora es salvar a nuestro país. Necesitamos hallar una solución por encima de los intereses personales”.
Aunque algunos empresarios dijeron a los legisladores que un juicio político ayudaría a Brasil a recuperar su credibilidad, la mayoría teme a la incertidumbre que probablemente emergería.
Este mes, los mayores grupos industriales y la corporación mediática más poderosa, Globo Comunicaçao e Participaçoes SA, pidieron un acuerdo para asegurar la estabilidad.
No obstante, aunque no quieren que sea sometida a un juicio político, muchos inversores esperan que la debilitada Rousseff abandone para siempre su intervencionismo económico.
Bajo la intensa presión del Congreso, Rousseff abrazó la semana pasada una agenda amistosa con los mercados propuesta por el presidente del Senado, Renan Calheiros. Además, está organizando una reunión para esta semana con los líderes de las mayores compañías del país en busca de apoyo para revivir la economía, dijeron funcionarios gubernamentales a Reuters.
Un plan así era exigido desde hace tiempo por las compañías que lidian con la célebremente enredada burocracia del país y su bizantino sistema impositivo. Las medidas de una nueva agenda incluyen permisos medioambientales por vía rápida, simplificación de impuestos y aumento de las garantías en los contratos con el estado.
El plan, que debe ser debatido aún en el Senado, rebajaría los costos a las compañías, desde la minorista GPA SA a mineras como Anglo American Plc e, incluso, a firmas de ingeniería en dificultades como Odebrecht SA.
“Su fragilidad podría allanar el camino para un impulso modernizador que apruebe medidas que llevan tiempo dormidas”, dijo Leonardo Barreto, jefe de la consultora política Mosaico.
“Esta nueva agenda llega tarde, pero al menos pone algo sobre la mesa que podría ayudar a recuperar la confianza”, dijo Paulo Protasio, jefe de la Cámara de Comercio de Río de Janeiro.
Aunque Rousseff se apuntó victorias políticas y judiciales la semana pasada que hacen más improbable la votación del juicio político en el Congreso a corto plazo, una impugnación a su gestión sigue siendo una amenaza, ya que sus opositores alegan que se benefició de donaciones ilegales para su campaña y que falseó las cuentas públicas.
Una encuesta de Datafolha publicada el 6 de agosto mostró que dos de cada tres brasileños creen que Rousseff debe ser sometida a un juicio político. Su aprobación era del 8 por ciento, el nivel de popularidad más bajo para cualquier presidente desde que Brasil regresó a la democracia hace 30 años.
Cientos de miles de personas salieron a las calles el domingo para pedir su salida.