“Hay de aquellos pueblos cuyos jueces merecen ser juzgados.” Anatole France
Sarcasmo y del bueno!!! En pleno desarrollo, a propósito de la Consulta del Plan Nacional de Derechos Humanos, que no es más que una huida hacia adelante para adecentar el mancillado rostro del gobierno en esta materia, en la cual quedó tan mal parado ante el concierto de las naciones el TSJ cuando informó los supuestos avances del Poder Judicial ante el Comité de DDHH de la ONU o en la XLII Reunión de Ministros de Justicia del Mercosur. La mayor evidencia de que no dieron pie con bola en esas latitudes, es una consulta trastocada en mampara para oficializar e institucionalizar el Plan Nacional de Derechos Humanos con la ingenua aprobación de todos quienes habrían sido incorporados en representación del poder popular.
“Si algo tiene la República Bolivariana de Venezuela son instituciones para la protección de los derechos humanos”,afirmó Larry Devoe, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de los Derechos Humanos, en la presentación del mencionado plan ante los medios de comunicación el jueves 20 de los corrientes; obviamente el señor Devoe nos coloca ante una realidad surrealista diametralmente opuesta al complejo escenario derivado de la inseguridad, la violencia e impunidad imperante en el país, contexto en el cual un mandatario regional se vio obligado a admitir un vil ajusticiamiento por parte de funcionarios policiales a su mando, mientras el ejecutivo nacional se esfuerza en deslastrarse de dos estranguladores, uno de los cuales días atrás alcanzó relevancia mediática de la mano del Primer Mandatario, quien cierra la frontera con Colombia para ocultar los desaciertos de la OLP, que ha dejado como resultado varios centros policiales y de la guardia nacional arrasados por las llamas o saqueados por abusadores.
Este espectáculo se torna en extremo sombrío con las violaciones a los derechos humanos que se suceden a diario en los recintos carcelarios, situación que según Larry Davoe “ha mejorado en los últimos años con la implementación del Nuevo Régimen Penitenciario”, como lo aseguró en la rendición del informe estatal ante el Comité de DDHH de la ONU en Ginebra, Suiza, versión que difícilmente fue admitida como valedera, cuando son innumerables en Venezuela los casos donde ciudadanos se han visto imposibilitados de tener el acceso eficaz y efectivo a la justicia, tal y como lo establece el artículo 26 de la Carta Magna, y que es uno de los aspectos fundamentales que revela la violación de “los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”.
Uno de esos casos innegables de violación de derechos humanos es el del empresario y dirigente político yaracuyano, Kamel Salame Ajami, ya que son más que evidentes las omisiones, dilaciones y arbitrariedades por parte de sus juzgadores que ocasionaron el deterioro de su estado de salud y lo mantienen postrado en cama imposibilitado de valerse por sí mismo e impedido de asistir a los actos del proceso como evidencia de la poca eficacia de los operadores de justicia en la gestión del juicio, con el agravante de ser circunstancias reprochables que son del conocimiento de todos los organismos e instancias que integran elPoder Ciudadano y el sistema judicial no sólo en la circunscripción judicial del estado Aragua donde radicaron su caso sino también a nivel central, ello evidenciaría que les importa poco el derecho a la vida de este ciudadano, haciéndolos responsables de cualquier desenlace fatal o irreversible en este caso, a su vez estarían incurriendo en una flagrante y grave a los Derechos Humanos, como sería el caso que nos ocupa, por cuanto se le ha disminuido la perspectiva de vida a Salame sin que nadie haga nada al respecto, muestra de la clara intencionalidad que habría de que muera en la cárcel.
Los ciudadanos Gladys María Gutiérrez, Maikel Moreno, Tarek William Saab, Luisa Ortega Díaz e Iris Valera, en razón de sus altas investiduras, están en conocimiento de que las omisiones que afectan a Kamel Salame Ajami no son azarosas sino sistemáticas, no obstante su inacción es aciaga, y en lugar de honrar con el desempeño de sus funciones preceptos jurídicos, doctrinarios y jurisprudenciales que los obligan a velar por la protección de los derechos humanos, se escudan en el Magistrado Francisco Carrasquero, quien silenció desde hace poco más de un año 12 acciones de amparo constitucional incoadas contra omisiones constitutivas de delitos de las instituciones que según Larry Devoe “son para la protección de los derechos humanos”.Si algo exhibe el silencio en todas sus dimensiones es el sinuoso proceder de quien lo exterioriza desde el seno mismo del Consejo Nacional de los Derechos Humanos, convirtiendo a esta instancia desde su nacimiento en una guarida de violadores y violadoras.
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