Una mayoría de diputados de la Unidad Democrática podrá eliminar ese error garrafal que significan las denominadas “zonas de paz”. Territorios de impunidad que el gobierno cedió a las bandas delictivas, los cuales han venido siendo utilizados para llevar a personas secuestradas, esconder vehículos robados o hurtados, resguardar a delincuentes solicitados por los tribunales y para masificar la extorsión y el tráfico de drogas, entre otras fechorías. De esta forma se evitará que a los cuerpos de seguridad se les vuelva a prohibir ingresar a determinados sectores para combatir la criminalidad.
A través de una Ley de Limitación de Servicios de Telefonía Móvil Celular y Comunicaciones Personales en los Centros Penitenciarios del País, se impedirá que desde las cárceles se sigan cobrando secuestros, rescates de vehículos robados o realizando extorsiones, entre otros delitos. Este instrumento jurídico le establecerá a las compañías de telefonía celular la obligación de bloquear la señal en el perímetro de las cárceles. Leyes similares se han implementado con mucho éxito en países como Honduras y El Salvador. Igualmente, la descentralización de las cárceles, un mandato del artículo 272 de la Constitución, tendrá un desarrollo normativo con una mayoría de la alternativa democrática en la AN.
Con reformas a la Ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional y al Estatuto de la Función Policial, se podrá, entre otros aspectos: 1) establecer un procedimiento administrativo más expedito, que facilite la depuración de los cuerpos de seguridad; 2) crear un registro automatizado de policías que hayan sido destituidos por faltas graves o delitos, para evitar que sean reciclados en otro cuerpo de seguridad; 3) restablecer la posibilidad de que todas las policías del país, que tengan las condiciones para ello, puedan crear grupos de operaciones especiales; 4) permitir que todos los cuerpos de seguridad puedan utilizar helicópteros para el apoyo de las operaciones; 5) permitir que los cuerpos de seguridad puedan elaborar y dar a conocer las listas de los delincuentes más peligrosos del país que tengan solicitudes judiciales; 6) Impedir que los policías sigan siendo utilizados como escoltas de “personalidades” que no ameritan ese privilegio. Los funcionarios que están cumpliendo irregularmente esa labor, tendrán que volver a las calles a proteger a la ciudadanía; 7) prohibir que se le otorguen credenciales policiales a personas que no forman parte de los cuerpos de seguridad y; 8) mejorar las condiciones socioeconómicas de los policías del país. Asimismo, se derogará la resolución Nro 17.350 (G.O 39.627) del Ministerio de la Defensa, que desarmó a las policías, ya que las limitó a utilizar solo pistolas 9mm y una escopeta por cada 10 funcionarios (así deben enfrentarse a delincuentes que usualmente poseen fusiles de alto poder y granadas).
Todas estas acciones legislativas y muchas otras que surjan del ejercicio parlamentario, estarán acompañadas de la función de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional (inexistente durante 16 años), la cual permite, entre otros aspectos, interpelar, declarar la responsabilidad política y dar voto de censura a aquellos ministros y otros funcionarios, en este caso del área de la seguridad ciudadana, que no cumplan a cabalidad con sus funciones. Recordemos que desde la AN también se aprueba el presupuesto nacional (en 16 años la lucha contra el crimen no ha sido una prioridad), se designa a la cabeza del Ministerio Público y se nombran a los magistrados del TSJ (que a su vez designan a todos los jueces del país).
El cambio que necesita la seguridad ciudadana en Venezuela tendrá un gran impulso con una mayoría de la Unidad Democrática en la AN. Por eso es tan importante votar y defender la victoria el próximo 6D.
Twitter: @luisizquiel