La Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas en Colombia (OCHA) informó hoy que 1.088 colombianos han sido deportados o repatriados desde Venezuela en los últimos seis días, tras el cierre del paso fronterizo entre Cúcuta y San Antonio ordenado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro. EFE.
En un primer reporte sobre la “situación humanitaria en la frontera colombo-venezolana”, la OCHA indica que entre esos 1.088 deportados o repatriados desde el 21 de agosto figuraban hasta ayer “244 menores de edad”.
La Mesa de Ayuda Humanitaria, que realizó “observaciones in situ” entre la tarde de ayer y esta mañana, sostiene que en ese tiempo “se evidenció un aumento significativo en el flujo de personas hacia Colombia”, cuya confirmación se espera en “próximos reportes oficiales”.
A los deportados se añaden, según la OCHA, una estimación de 4.260 colombianos “retornados de forma espontánea” por la situación en cinco localidades venezolanas limítrofes con Colombia en las que Maduro declaró el pasado viernes el estado de excepción para combatir el contrabando y a supuestos paramilitares.
Los datos de la oficina de la ONU contrastan con las cifras divulgadas ayer por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien afirmó que entre 5.000 y 6.000 colombianos han abandonado voluntariamente el país vecino, a los que se suman los más de mil colombianos que han sido deportados oficialmente.
La OCHA apuntó que entre los deportados o repatriados, al menos 929 personas están albergadas “en seis sitios habilitados en Cúcuta y Villa del Rosario”, en tanto que existen “asentamientos informales de población retornada de forma espontánea en algunos puntos de la frontera”.
Además, 369 personas ya “han retornado a sus lugares de origen” en otras partes de Colombia a través de un mecanismo de coordinación entre la Cancillería, la Cruz Roja Colombiana (CRC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Para esta entidad, las “mayores dificultades” en materia de asistencia se producen en el caso de retornos espontáneos, que se realizan en muchas ocasiones en sitios “de cruce informal de la frontera”, como las trochas que cientos de colombianos cruzan con sus pertenencias a cuestas.
“Las dificultades para registrar estos casos causan vacíos importantes en la respuesta, aumentando la vulnerabilidad de este grupo de afectados por la emergencia”, alerta el informe.
En la ciudad fronteriza de Cúcuta, donde se concentra el grueso de la asistencia a los deportados, el Gobierno colombiano presentó un plan de choque que incluye, entre otros aspectos, un programa de empleo y subsidios para quienes cruzan la frontera.