El abogado y defensor de Derechos Humanos (DDHH) Rafael Narváez aseguró que los denominados Operativos para la Liberación del Pueblo (OLP) “carecen de método científico y sistema de inteligencia para investigar crímenes” y destacó que las acciones emprendidas desde el Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) ofrecen pocos resultados en cuanto a la incautación de armas y captura de jefes de bandas criminales.
“En agosto la morgue de Bello Monte recibió 456 cadáveres por muertes violentas, de los cuales el 96% fueron por armas de fuego y las víctimas con más de cinco, siete u ocho impactos de bala. En agosto cayeron muchas mujeres, adolescentes, uniformados, escoltas, abogados; el hampa asume ser el dueño del territorio de los venezolanos y de la vida. Una OLP que habla de la protección del pueblo desconociendo lo que dice la Carta Magna en cuanto a seguridad ciudadana, desdiciendo lo que dice la Constitución sobre la seguridad ciudadana que debe estar en manos de civiles y no militares” afirmó.
Narváez apuntó que estos operativos carecen de inteligencia para investigar crímenes o aprehender cabecillas de crimen organizado ya que anuncian con antelación los sitios en los cuales se realizarán. “Una OLP ingenua, sin método científico, consigue chopos caseros pero no las armas largas, que no entendemos como están en manos de la delincuencia. Hasta ahora no he visto que pasan por estados como Anzoátegui, Guárico, Barinas, Lara, Nueva Esparta y agarren cabecillas de bandas, arsenales ni armas largas. Las OLP han sido inhabilitadas por el hampa” dijo.
Recordó que los Operativos para la Liberación del Pueblo es uno de los más de 20 planes de seguridad que ha implementado el Gobierno nacional en los últimos dieciséis años, con el paso de doce ministros de Interior y Justicia, de los cuales unos nueve pertenecen al mundo militar. Agregó que con este último plan, se da al traste con los aplicados a través del Dibise y la Misión A Toda Vida Venezuela.
De igual forma, aseveró que la impunidad que reina en el sistema de justicia es producto de vicios que existen desde el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien inició el Plan Cayapa Judicial pasando por encima de organismos jurisdiccionales, hasta la cantidad e expedientes por cada fiscal (unos 3.500 a los que se suman la falta de personal para integrar equipos de trabajo) y el temor de los Jueces de Ejecución a acudir a los recintos penitenciarios para verificar el cumplimiento de las sentencias. “En las cárceles lo que hay es dinero, fuerza y pernocta y la Ministra de Asuntos Penitenciarios lo que hace es patear cuando se le hace una crítica constructiva” apuntó.
Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad