En la actualidad Venezuela esta enfrentado una fuerte crisis económica y de escasez de productos de primera necesidad, para la directiva de la Asociación de Trabajadores, Emperadores y Microempresarios (Atraem) una las principales razones de esta realidad se basa en un aparato jurídico que violenta la propiedad privada y desestimula la inversión. Mencionaron las leyes de Poblamiento Urbano, Comunas, Arredramiento y Precios Justos como las más graves y que deberían ser modificadas.
Ali Poveda, directivo de Atraem, explicó que cuando se afecta la propiedad privada se ve reflejado en la decaída de la productividad del país, y la posibilidad de ascenso económico del venezolano a partir de su capital. “La Ley de Arrendamiento por ejemplo le impide a cualquier pequeño propietario la recuperación de su apartamento o casa, a pesar que la persona que lo ocupe este morosa, esto impide a las familias que se han ganado su propiedad con sudor evolucionar. Por ejemplo alguien destinó las prestaciones de su vida en un inmueble y al perderlo su ciclo de productividad de su bien se le corta, disminuyendo la inversión en el país”, dijo.
Poveda señaló también que la Ley de Poblamiento Urbano eterniza a las personas en la pobreza, al imposibilitar a los venezolanos que tienen una casa en los barrios del país a poder tener su título de propiedad y a su vez heredarla o venderla, ya que quien pone el precio es el Estado y no está marcado por el mercado general imperante en el sector privado. “Conforme con esta legislación la autoridad estatal tiene una preminencia a la hora de adquirir estas viviendas de los sectores populares, incluso ellos son quienes le colocan el valor que desean. Esto condena al pueblo a no ser propietario de su hogar y claudica las posibilidades de movilidad social”.
El abogado laboral indicó que las expropiaciones e invasiones son el resultado de que muchas leyes promulgadas en los últimos 15 años ignoran la propiedad privada o la castigan, un caso de esto es una decisión del Tribunal Supremo de Justicia donde deja sin efecto aquellos artículos que castigaban la toma ilegal de terrenos agrícolas.
“La propia Ley de las Comunas debilita sensiblemente la propiedad privada, en la cual se decreta esta modalidad de Gobierno los ciudadanos pierden la posibilidad de usufructuar su propiedad.”
“Ley de Costos y Precios Justos ha incentivado la ausencia de productos”
Destacó que otro problema jurídico ha sido la criminalización de la actividad comercial a través de la Ley de Costos y Precios Justos, teniendo como ejemplo al pequeño bodeguero que se le coarta el derecho de tener guardada mercancía y si lo hace es acusado de acaparador.
“La Sundee tiene el poder de calificar si se está cometiendo un delito, imponiéndole una multa, cerrándole el local temporal o definitivamente o incluso acusarle con la posibilidad de cumplir penas de cárcel, esto convierte al Gobierno en juez y parte”, afirmó.
Reveló que esta misma legislación le da el poder al Estado de intervenir a las empresas y aplicar hasta procesos de expropiación, sin otorgarle a los afectados el legítimo derecho a la defensa.
Nota de prensa