“Cada vez que el gobierno nacional repita la fórmula con los estados de excepción, estaremos aquí denunciando lo inconstitucional e innecesario de tal disposición, porque se cuenta con otros recursos jurídicos para frenar el contrabando de extracción y la crisis económica nacional”, sentenció el diputado a la Asamblea Nacional por La Causa R, Andrés Velásquez. Diario de Guayana
El parlamentario interpuso nuevamente ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad de los estados de excepción declarados por el presidente Nicolás Maduro en los decretos 2.013, 2.014, 2.015 y 2.016, que abarcan cuatro nuevos municipios del estado Zulia y tres de Apure, sumando un total de 23 jurisdicciones bajo esta medida.
Velásquez recordó la lucha liderada por La Causa R (LCR), insistiendo sobre el carácter innegociable de los derechos constitucionales y humanos, los cuales no prescriben. “En algún momento se hará justicia para la población que ha sido sometida a una crisis fronteriza que viola sus derechos económicos, civiles y políticos, por una omisión grave del Gobierno nacional de atender una situación de la que estaba al tanto hace mucho tiempo” destacó.
Por su parte, Julio Alejandro Pérez Graterol, abogado que asiste la solicitud de nulidad, precisó que el Decreto restringe el debido proceso y tutela judicial efectiva al permitir desalojos administrativos, mientras impide el derecho a un proceso judicial previo que determine la legalidad y regularidad de las ocupaciones.
Sobre las libertades económicas, el jurista destacó que son las más afectadas ya que se crea la categoría de bienes esenciales o de primera necesidad a los cuales se imponen restricciones, a la vez que se establecen restricciones a operaciones y transacciones comerciales y financieras, se implanta un límite máximo de ingreso o egreso de moneda venezolana y limita el ejercicio de determinadas actividades comerciales.
En este aspecto, Velásquez refirió que la frontera con Colombia es la más movida en cuanto a comercio, y el decreto afecta el 80% de la balanza comercial con el vecino país. Recordó que la Cámara Venezolana Colombiana (Cavecol) indicó hace días que más de 600 millones de dólares no se negociarán mientras perdure el cierre fronterizo, lo que afecta directamente a los consumidores nacionales por la materia prima que se deja de recibir en las ya debilitadas industrias venezolanas.
En este sentido, cuestiona si la intensión del Presidente es salir de la crisis económica o reforzarla, por cuanto solicitó a la comunidad internacional seguir atentos de lo que sucede en el país, a la vez que instó a las instituciones venezolanas avanzar al ritmo que la nación se lo exige y que se sumen a estas acciones para fortalecer la constitucionalidad.
Rechazo absoluto
El líder político, Andrés Velásquez, aseguró que estas medidas no garantizan derechos humanos, políticos y civiles fundamentales como el derecho a la vida, derecho a la información y a no recibir torturas y tratos crueles. Agregó, además, en declaraciones pasadas, que los decretos carecen de constitucionalidad al no acatar lo establecido en el artículo 338 de la Carta Magna venezolana.