A través de un comunicado, manifiestan estar alerta ante el “acoso programado y sistemático” contra los defensores de Derechos Humanos en el país.
A continuación el comunicado completo:
El secuestro y ataque a Marino Alvarado y su hijo despierta más aun nuestra alerta sobre el acoso programado y sistemático contra organizaciones y defensores de derechos humanos.
No podemos establecer una relación directa, en estos momentos, entre el ataque a Marino Alvarado y el constante acoso público de Diosdado Cabello a este defensor de derechos humanos, ya que eso es función de la fiscalía. Sin embargo, debemos alertar nuevamente que este año, precisamente, otros defensores de derechos humanos han sido atacados en las calles en similares circunstancias luego de haber sido sistemáticamente referidos y acosados por Diosdado Cabello en su programa especialmente diseñado para discriminar y dañar la reputación de las personas, e instigar al odio.
Nuestro director ejecutivo, Alfredo Romero, en febrero de este año, fue bloqueado por otro vehículo apenas dejaba en su casa a otra abogada de nuestro equipo, Sorelis Mendoza. Romero fue apuntado con armas de fuego. En ese momento, el director ejecutivo del Foro Penal asumió el riesgo de acelerar su vehículo y esquivar el ataque. Esto ocurrió en febrero de 2015, minutos después de que Diosdado Cabello se había referido a Alfredo Romero en su programa con las constantes mentiras que utiliza para instigar al odio contra personas. Es de notar que Cabello se ha referido a Romero y su familia en más de 40 programas, así como al Foro Penal Venezolano.
Nuestro jefe voluntario de prensa, el periodista Horacio Giusti, fue atacado brutalmente con golpes en la cara por personas que le decían que debía callarse, luego de haberle dejado notas escritas intimidatorias en su casa. Así la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dictado medidas cautelares en favor de Alfredo Romero y 3 miembros del Foro Penal en virtud de ataques y persecuciones. Esto incluye a nuestro coordinador en Carabobo Luis Armando Betancourt y la hermana de nuestra Coordinadora en Táchira. Se encuentran otras solicitudes pendientes ante la CIDH por ataques contra Genis Navarro, Coordinador del Foro Penal en Mérida y Celia Dao, Coordinadora en Zulia.
La directora del Foro Penal Tamara Sujú fue obligada a pedir asilo en la República Checa por estos ataques. En mayo de 2014, el entonces Ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, acusó sin pruebas a varios defensores de DDHH, entre ellos nuestro director Gonzalo Himiob Santomé, de estar vinculados a supuestos “planes conspirativos”, y el abogado Marcelo Crovato se encuentra procesado y preso por más de un año sin proceso judicial, tras haber asistido como voluntario a un grupo de personas que estaban siendo sujetas a un allanamiento de morada. Esto se asimila más a un secuestro con torturas desde el estado, que a una medida judicial, cuando hasta la fecha no se le ha demostrado y ni siquiera se ha admitido una acusación por delito alguno.
Es de notar que a pesar de que estas agresiones han sido formalmente denunciadas ante la Fiscalía, no se ha producido investigación alguna. A pesar de que la CIDH se ha dirigido al Estado venezolano para exigir la protección de estos defensores de derechos humanos, nada ha sucedido, el gobierno no ha cumplido con las recomendaciones que se le han hecho y no ha protegido a los activistas de DDHH. Nada se hace para evitar que a través de los medios de difusión oficiales se sigan haciendo afirmaciones falsas y amenazas contra los defensores de los DDHH, pero sin embargo, hay 6 presos políticos por más de un año encarcelados, acusados de supuesta instigación pública, y ello solo por mencionar a funcionarios del gobierno en mensajes de twitter con muy pocos seguidores.
Estos ataques a defensores de derechos humanos, que incluyen a ONG como Provea, Observatorio de la Conflictividad Social, Observatorio Venezolano de Prisiones, Control Ciudadano, Foro Penal Venezolano, se han incrementado notablemente este año, luego de la participación de estas ONG ante instancias de la ONU como el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos.
Junta Directiva:
Alfredo Romero
(Director Ejecutivo)
Gonzalo Himiob Santomé
Alonso Medina Roa
Tamara Suju
Robiro Teran
Mariela Suárez, Coordinadora Nacional de Organización
Coordinadores Estadales:
Aragua:
Dimas Daniel Rivas
Anzoátegui:
Salvador Pimentel Rojas
Amazonas:
Olnar Ortiz
Barinas:
Lucía Quintero
Bolívar:
Luz María Alvarez
Carabobo:
Luis Armando Betancourt
Falcón:
Jesús Dicurú
Lara:
Pedro Troconis
Mérida:
Genis Navarro
Miranda Altos Mirandinos:
Alberto Iturbe
Valles del Tuy:
Adriana Napoles
Jose Moron
Yoel Piñero
Gran Caracas:
Fernando Ovalles
Monagas:
José Armando Sosa
Nueva Esparta:
Pedro Arévalo
Portuguesa:
José Jesús Torres Leal
Sucre:
Carlos Zerpa
Táchira:
Raquel Sánchez
Trujillo:
Rafael Maldonado
Yaracuy:
Gabriel Gallo
Zulia:
Celia Dao.