El Ministerio Público logró privativa de libertad para los oficiales de la Policía de Caracas, Antonio Molina (60), José Ebreu Arias (42) y Luis Antonio Gómez (32), por su presunta responsabilidad en la extorsión a un funcionario del Servicio de Registros y Notarías (Saren), hecho ocurrido el 6 de mayo de este año en la avenida Lecuna, parroquia Altagracia del municipio Libertador, Distrito Capital.
En la audiencia de presentación, el fiscal 12° del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Pablo Verdú, imputó a los tres funcionarios policiales por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, robo agravado de vehículo automotor, peculado de uso, uso indebido de arma orgánica, extorsión y agavillamiento.
Al analizar los elementos de convicción expuestos por el fiscal, el Tribunal 51º de Control del AMC dictó la medida privativa de libertad para los tres policías de Caracas y fijó como sitio de reclusión la sede de ese cuerpo policial ubicada en la Cota 905, parroquia El Paraíso.
De acuerdo con la investigación preliminar, el citado día, un funcionario del Saren se trasladaba a bordo de su vehículo por la avenida Lecuna cuando recibió la voz de alto de los tres efectivos policiales.
Luego que el servidor público se detuvo, los hoy imputados presuntamente lo esposaron y lo montaron en una patrulla, en la que le quitaron sus pertenencias, entre ellas, dos celulares y dinero en efectivo.
Seguidamente, la víctima se comunicó con un familiar a quien le comentó lo ocurrido. Al poco tiempo, el allegado se trasladó hasta la mencionada avenida, donde aún se encontraban los funcionarios policiales.
Una vez en el sitio, este familiar también fue despojado de su moto, por la cual los efectivos le habrían solicitado 50 mil bolívares para que se la devolvieran.
Por esta razón, el 8 de mayo las víctimas acudieron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a denunciar lo ocurrido.
De inmediato se inició la investigación y el fiscal del caso ordenó la práctica de diligencias que lograron determinar la presunta vinculación de los oficiales Molina, Ebreu y Gómez con el hecho.
Por esta razón, la referida instancia judicial, a solicitud del Ministerio Público, acordó una orden de aprehensión contra los tres funcionarios que fueron detenidos este jueves 8 de octubre en la sede del Cicpc, ubicada en Quinta Crespo.