El presidente de la ONG de Derechos Humanos digitales LIF Digital, Gabriel Reyes exhortó al Gobierno nacional a dar cumplimiento al decreto 825 del fallecido presidente Hugo Chávez en el que se trató hace 15 años de instrumentar en Venezuela el acceso a Internet como un Derecho Humano. “Este mandato no tiene un cabal cumplimiento y al no estar derogado, constituye una deuda política, social y tecnológica del gobierno para con sus ciudadanos”.
Explicó que en su artículo primero refiere que, “Se declara el acceso y uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela” por lo que en su opinión, “Las interrupciones recientes y otras situaciones relacionadas que sufrimos los ciudadanos, limitan de manera determinante la libertad del ejercicio de la opinión pública, la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho a estar informados”.
Advirtió que en el país existen problemas específicos de violación de DDHH relacionados a la criminalización de la expresión que es emanada a través de Internet y los continuos intentos de “controlar, bloquear y manipular” el acceso a contenidos específicos aunado a las limitaciones para acceder a un servicio de Internet de calidad, además de las múltiples denuncias de interferencias de la privacidad y protección de datos, “Son faltas contempladas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos documentos a los que se encuentra Venezuela suscrita por adhesión y obligatorio cumplimiento”.
“El disenso es un derecho sustantivo del ciudadano en Democracia y por lo tanto los pronunciamientos de carácter político que adversan cualquier forma de restricción del derecho a estar informados y a la libertad de expresión, no deben constituirse en riesgo de seguridad o de privación de libertad para la persona que se pronuncia o denuncia”, precisó
El directivo de LIF Digital subrayó que mantiene plena vigencia el Informe Anual del Relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU del año 2011 focalizado en el ciberespacio como tema de reflexión. “La necesidad de acceder al conocimiento, a la información y con esto al aprendizaje y al progreso, desarrolla Capital Social en las naciones que respetan el Internet como fuente universal y de acceso libre”.
Gabriel Reyes hizo un llamado al Alto Gobierno para que ejecute los mecanismos y las políticas necesarias a fin de garantizar que las empresas proveedoras de servicios de Internet, las operadoras de telefonía móvil, y los establecimientos públicos y privados de acceso a servicios en línea, “disfruten de las condiciones necesarias tanto desde el punto de vista financiero con el tema del acceso a las divisas en condiciones especiales, como a los incentivos de carácter tributario que les permita sostener una estructura de acceso a Internet lo más económica posible debido al importante rol que estos actores desempeñan en el ejercicio de los derechos humanos en la Venezuela del Siglo XXI”.
“El Gobierno Nacional debe estar abierto, inclusive, a fomentar la participación masiva de actores privados en la construcción de la red que garantice que Internet llegue a todos los rincones del país”, concluyó.
NP