La junta directiva del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) presentó al país el “Manifiesto de Vargas”, luego de una reunión nacional de afiliados efectuada en La Guaira y que culminó en la tarde de este martes 20 de octubre.
En el documento la cúpula comercial explicó que la política masiva de importaciones de alimentos, materias primas, repuestos y medicinas, impulsada por el Gobierno Nacional, “ha hecho que la actividad aduanero portuaria del país, aparte de estar limitada al histórico negocio petrolero de la nación es un servicio ausente de la potencialidad exportadora de la nación. El país no produce para exportar. El Estado restringe toda posibilidad productiva dirigida a competir más allá de las fronteras. Definitivamente, al Estado le resulta más cómodo, seguro y confiable desarrollar su vocación importadora, el cultivo de las relaciones políticas apoyadas en negocios Estado-Estado, y dejar para después su responsabilidad de estimular la producción nacional”.
En el documento los representantes gremiales explicaron que “el abastecimiento nacional pasó de ser una garantía confiable, seria y segura a una incertidumbre continua. La supuesta política contra el latifundio, las expropiaciones industriales y los controles de cambio y de precios modelaron el feo rostro de un error histórico económico y social; de un fracaso agravado y agudizado con una Ley de Precios Justos que terminó por detener la marcha de la diversificación económica, la dinamización financiera y la modernización del Comercio y los Servicios”.
En el papel de trabajo Consecomercio destacó que Venezuela no dispone de inventarios y está a merced de las contingencias. “Las colas angustian y preocupan. La incapacidad de respuesta de la producción nacional y de las importaciones asusta”, apunta.
Cero confianza
En el Manifiesto de Vargas, la directiva de Consecomercio sostuvo que “la inseguridad jurídica y de bienes ha colocado a Venezuela en el grupo de los países menos confiables para vivir, trabajar, invertir, producir y competir. Sin seguridad no hay confianza para quien invierte, tampoco para quienes creen en el valor y la importancia del trabajo como la única alternativa para generar riqueza nacional y bienestar familiar. Vivir en Venezuela es un riesgo. Invertir en Venezuela es una aventura. Producir aquí es una esperanza condicionada por la abundancia de impedimentos para acometer el emprendimiento. Los constitucionales Derechos Económicos de la ciudadanía han sido literalmente minimizados por la estatización desenfrenada”.
Al abogar por un cambio de políticas públicas que defienda la producción y el trabajo en Venezuela. Los empresarios consideraron que “los peores costos a los que se enfrenta el esfuerzo productivo del país -y que los comerciantes y los expendedores de servicios están financiando con la falta de capitalización y paulatina desaparición-, son los de los servicios públicos y la inflación (…) su acelerado desplazamiento hacia la hiperinflación luce expedito y seguro”.
En la misiva informan que en el marco del Día Nacional del Comercio y los Servicios, que se efectuará el martes 25 de noviembre, presentarán al país propuestas para la reactivación económica y para que Venezuela deje de ser, paulatinamente, una economía de importadores para pasar a una de productores.