Este fin de semana la presidencia de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) reunió a su directiva para ‘bajarles’ instrucciones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con miras a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, publica Correo del Caroní.
En el encuentro se les entregó planillas del ‘1×10’ que emprenderá el partido de Gobierno para captar votos para los comicios parlamentarios. De acuerdo con la instrucción, los directores deben entregar las copias a cada uno de sus supervisores y estos, a su vez, a los trabajadores a su cargo.
La logística funciona de la siguiente manera: el martes los supervisores deben entregar el listado de los sidoristas que participarán en la campaña del PSUV y estos, a su vez, tendrán cuatro días para completar la planilla con los votantes fuera de las instalaciones de Sidor.
Uno de los empleados que participó en la reunión, y que prefiriere resguardar su nombre, comentó que en la cita se cuidó mucho las palabras empleadas pero sí se dejó saber que a través de la plataforma de Talento Humano se hará monitoreo de la participación de los sidoristas en las elecciones.
La reunión se da a pocos días de que la empresa entregara bolsas de comidas a los empleados en distintas áreas a precios preferenciales. Aunque no hubo insumos para los 15 mil sidoristas, las actividades se han estado desarrollando en diversas áreas con el acompañamiento del equipo sindical del PSUV, coordinador por el movimiento Alianza Sindical.
El pasado 15 de octubre fue el propio presidente Nicolás Maduro quien promocionó a los candidatos del partido de Gobierno dentro de las instalaciones de la compañía, al presentarlos en un acto desde el área de Laminación en Frío.
Violación de la ley
Las actividades proselitistas promocionadas por el Ejecutivo en instituciones del Estado son violatorias del artículo 145 de la Constitución Bolivariana de Venezuela que establece que los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. “Su nombramiento o remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación políticas”.
A su vez, es violatoria del artículo 13 de la Ley Anticorrupción que prohíbe el uso de los bienes públicos para alguna parcialidad política; así como el artículo 6 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) que contempla que los funcionarios no pueden actuar en ejercicio de la función pública orientados por sus preferencias políticas o en detrimento de organizaciones políticas.