La confesión del fiscal Franklin Nieves referida a que Leopoldo López fue enjuiciado con pruebas falsas evidencia cómo en Venezuela se usa el sistema judicial para perseguir a la disidencia política, lo que acarrearía sanciones penales en el ámbito nacional e internacional contra los jefes de los poderes públicos, sostienen expertos y el Foro Penal Venezolano, publica El Nacional.
HERNÁN LUGO-GALICIA
“Las declaraciones de Nieves de que forjó pruebas contra López muestran el deterioro institucional del país. En una nación democrática y seria, si un fiscal arma un juicio con pruebas falsas tiene que poner su cargo a la orden y como se evidencia que recibía instrucciones del jefe superior, en este caso de la fiscal Ortega Díaz, el Parlamento y el Consejo Moral deben investigar la responsabilidad de sus miembros porque su conducta ética está en tela de juicio”, afirmó el ex magistrado Román Duque Corredor.
En el campo jurídico y procesal señaló que el sistema de justicia violó el principio constitucional del debido proceso y la tutela de garantía efectiva al sentenciar con pruebas falsas, lo que implica sanciones contra el Ministerio Público y el tribunal. En consecuencia, por el Código Procesal Penal, López tiene que ser liberado.
“El Poder Judicial, en este caso la jueza Susana Barreiros, admitió pruebas falsas, lo que es algo grave y por ende Barreiros y Ortega Díaz tendrán que responder ante la justicia nacional e internacional por intimidación y persecución a la disidencia política. En Venezuela, los poderes planifican para condenar a la disidencia por lo que la confesión de Nieves debe llevarse a la Corte Penal de La Haya junto con otras que revelan cómo se criminaliza a la disidencia”, expuso Corredor.
Sin embargo, aclaró que Ortega Díaz no puede alegar que Nieves actuó a modo personal para así evadir su responsabilidad: “Aunque la Constitución dice que todo funcionario es responsable de sus actos, en el caso de López se violaron derechos humanos y la ética pública, por lo que Ortega Díaz debe renunciar. El silencio del gobierno preocupa porque pudieran preparar una estrategia para lavarse la cara nacional e internacionalmente. Si fuera un gobierno inteligente, la fiscal debe renunciar y someterse a una investigación”.
Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal, denunció que hay “responsables directos”: “Es decir, personas que se visten provisionalmente de jueces o fiscales al servicio de otras personas en el poder para dictar fraudulentas decisiones judiciales que tienen el único objetivo de perseguir, encarcelar y torturar incluso a los políticamente inconvenientes”.
Romero describió las “consecuencias terribles” por las decisiones de tribunales y fiscales como Nieves: 78 encarceladas, más de 2.000 personas con restricciones a su libertad, 200 torturados y obligados a solicitar refugio por razones políticas.
“En definitiva, el sufrimiento que este esquema de jueces investidos de maldad, o sometidos a la maldad, ha ocasionado es terrible. Esta situación encuadra perfectamente en el concepto de persecución por motivos políticos, crimen de lesa humanidad de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma”.