Las familias de las víctimas venezolanas, a través de los abogados Carlos Vecchio y Juan Carlos Gutiérrez, solicitaron ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en la ciudad de La Haya, el día martes 10 de diciembre, se inicie una investigación preliminar por los crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro y altos funcionarios del gobierno venezolano desde febrero de 2014.
Nota de prensa
La solicitud fue acompañada con una lista confidencial que incluye a los altos funcionarios involucrados en la comisión de los crímenes, así como una cantidad importante de elementos que confirman y sustentan que los hechos presentados cumplen con los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma de la CPI para ser considerados como crímenes de lesa humanidad.
Se trata de una solicitud de investigación fundamentada en el artículo 15 del Estatuto de Roma de la CPI, consignada a la Fiscal Sra. FatouBensoudaencargada de analizar las evidencias suministradas para determinar si existen motivos suficientes para iniciar la investigación.
La Corte Penal Internacional posee competencia para conocer este caso, toda vez que Venezuela es Estado Parte del Estatuto de Roma de la CPI, debido a que manifestó su consentimiento en obligarse a cumplir las normas contempladas en el referido tratado internacional.
En la solicitud elaborada por un grupo de abogados expertos en derecho internacional entre quienes se encuentranJuancarlos Vargas, Joanna Frivet y Francisco Quintana se presenta información detallada, así como elementos probatorios que evidencian la participación directa de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno en la comisión de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, persecución, y otros actos inhumanos, delitos que se encuentran tipificados en los literales a, e, f, h y k del artículo 7.1 del Estatuto de la CPI, los cuales fueron perpetrados como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil.
A pesar de los numerosos reportes de crímenes perpetuados por las fuerzas de seguridad del Estado venezolano y los paramilitares armados pro-gobierno, el gobierno se ha negado a cesar estas prácticas, y ha sido incapaz de obtener resultados concretos en el enjuiciamiento de los responsables de la comisión de los crímenes y de adelantar procesos de negociación. Asimismo, el propio Presidente Nicolás Maduro ha proferido amenazas relacionadas con las venideras elecciones: “Si la derecha [partidos de oposición] tomara la Asamblea Nacional, sucederían cosas muy graves, en este país de desataría un proceso de confrontación de calle (…) Seré el primero en lanzarme a la calle a defender con el pueblo nuestra revolución. Nuestro país sólo puede ser gobernado por revolucionarios (…) la oposición debería rezar y prenderle candelas a sus santos para que nosotros ganemos las elecciones, de lo contrario se desatará un caos total (…) Juro que bajo ninguna circunstancia me voy a rendir ante los logros de nuestra revolución. No traicionaré a nuestra gente. Estemos preparados para defender a nuestra patria y ganar de cualquier forma, a cualquier costo, porque nuestro futuro está en juego. Masacres y muertes sucederán si la revolución chavista falla.”
Por su parte, el abogado Carlos Vecchio, destacó: “Dichas amenazas provenientes del Presidente de un Estado Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) son particularmente preocupantes tomando en consideración el número civiles de víctimas y de prisioneros políticos como consecuencia de las políticas perpetradas por el gobierno de Venezuela desde febrero de 2014”.