El régimen bolivariano de Venezuela, que por años gastó miles de millones de dólares para comprar el amor de los pobres, ahora intenta salir victorioso en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre haciendo uso de otra emoción: el miedo.
ANTONIO DELGADO / EL NUEVO HERALD
Y es que, carente de los recursos del pasado e inmerso en una de las mayores crisis económicas en la historia moderna del país, el régimen de Nicolás Maduro hará todo lo posible para convencer a sus bases tradicionales de que podrían perder los beneficios que actualmente reciben del Estado si votan contra el chavismo en las elecciones, dijeron analistas consultados para la actual serie sobre las elecciones del país petrolero.
La Guardia Nacional y la Guardia del Pueblo tendrán un rol clave en el plan para intimidar a electores.
Según las encuestas, es mucho el miedo que el chavismo debe generar para evitar una derrota en los comicios, cuando la impopularidad de Maduro supera el 80 por ciento y la intención de voto a favor de la oposición supera en más de 30 puntos a la del chavismo.
Esos números demuestran que una porción significativa de los electores chavistas están admitiendo a los encuestadores que en esta ocasión no están dispuestos a seguir acompañando al régimen. Muchos están decepcionados ante lo que consideran una muy mala gestión de gobierno de Maduro.
Ese es el segmento que el régimen buscará intimidar, valiéndose de operativos de movilización que serán ejecutados por efectivos de la Guardia del Pueblo, dijo el general Antonio Rivero, dirigente opositor que mantiene contacto con oficiales activos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
“El plan de arrastre lo va a ejecutar la Guardia Nacional y la Guardia del Pueblo”, dijo Rivero, quien recibió detalles de los preparativos del régimen.
“Van a ser agentes uniformados quienes van a tocar a la puerta de los electores para llevarlos a los centros de votación”, agregó el general, quien se vio obligado a salir a la clandestinidad tras ser acusado por el chavismo de delitos de instigación pública y de asociación para delinquir durante las manifestaciones de protesta del año pasado.
El grueso de esa operación va estar centrada sobre los 2.5 millones de empleados públicos y sobre los beneficiarios de la Misión Vivienda, programa gubernamental que otorga hogar a cerca de medio millón de familias.
“En cada uno de estos hogares viven varios adultos, quizás dos o tres electores, de modo que podemos hablar de algo más de un millón de electores que viven en casas otorgadas por el chavismo”, señaló Rivero.
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