1. El Foro Penal rechaza totalmente el discurso intimidatorio y violento, sobre todo cuando se realiza desde las altas instancias del poder.
2. Dicho discurso intimidatorio afecta negativamente la paz social y vulnera los principios democráticos, el Estado de Derecho y, como consecuencia, los Derechos Humanos.
3. Exhortamos a todos los ciudadanos a ejercer sus derechos políticos en paz, alejados de toda forma de violencia física o verbal y respetando las ideas y posturas políticas contrarias.
El ciudadano presidente Nicolás Maduro, a través de los medios de difusión del Estado venezolano, recientemente ha hecho varias declaraciones en las que ha destacado que en caso de que el oficialismo sufra una derrota electoral en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, respondería “tomando las calles”, para lo cual estaría preparado desde el punto de vista “político y militar”. Igualmente ha señalado textualmente lo siguiente: “porque si se atrevieran en (sic) la película de terror, les apagamos el televisor. Y nosotros sabemos cómo. A buen entendedor, pocas palabras. Ustedes pónganse a rezar, oligarcas de la derecha, porque la revolución triunfa el seis de diciembre, pónganse a rezar, desde ya, para que haya paz, tranquilidad, y ustedes se quitan eso de encima, porque si no, nos vamos pa’ la calle, y en la calle nosotros somos candela con burundanga”.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Art. 3º, establece como fines esenciales del Estado, entre otros, el de la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular y la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. También, en su Art. 2º, establece como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, entre otros, la vida, la democracia, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Por su parte, en lo que refiere al ejercicio al derecho al sufragio, el Art. 5º de nuestra Carta Magna destaca que la soberanía reside de manera intransferible no en el gobierno, ni en sus representantes, sino en el pueblo, que es a través del voto que elige y determina su destino, de acuerdo a lo pautado, además, en el Art. 6º, de nuestro máximo Cuerpo Normativo, que establece que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable y pluralista.
Hacemos un llamado al ciudadano Nicolás Maduro, recordándole que cuando actúa como Presidente de la República, no lo hace ni puede hacerlo en representación de sólo un sector de la población, ni como activista del partido de gobierno, sino a nombre del pueblo venezolano en general, independientemente de cuáles sean los ideales políticos de los ciudadanos que lo integran. La presidencia se debe a todos los ciudadanos, no solo a los que la apoyen. El Estado de Derecho no es para proteger a gobiernos ni a sectores sociales específicos. En tal sentido, el Presidente de la República tiene la responsabilidad suprema de respetar la Constitución y las leyes vigentes, cuidándose especialmente de promover el respeto a los Derechos Humanos y la paz entre los diferentes grupos políticos y sociales que hacen vida en nuestra nación.
Debe el Presidente recordar que su posición le convierte en referente conductual de los ciudadanos que le siguen, por lo que incitar al desconocimiento de los derechos e ideales de quienes no le siguen, amenazándoles incluso con “tomar las calles” si los resultados electorales próximos no favorecen su opción política, es definitivamente contrario a los valores y principios constitucionales antes referidos, especialmente a los que protegen el ejercicio del voto como mecanismo de participación ciudadana y a la garantía de una sociedad justa y amante de la paz en la que el poder se ejerza democráticamente, con la participación protagónica del pueblo, garantizando además la alternabilidad y el respeto al pluralismo político como valores esenciales de nuestro modelo de Estado.
Expresiones como las antes reseñadas, definitivamente, dividen de manera maniquea a los ciudadanos entre “buenos” y “malos” según estén o no alineados con el gobierno, confunden a la ciudadanía y, en algunos sectores, reivindican a la violencia como mecanismo de imposición de las propias ideas, lo cual ya ha visto sus primeros efectos en las agresiones que han sufrido diferentes factores de la oposición venezolana, estigmatizados además sistemáticamente como “contrarrevolucionarios” o como “oligarcas de la ultraderecha”, en el contexto de la campaña electoral en curso.
Por otra parte, dichas expresiones son muy similares a las que, en otros momentos y entornos políticos, han sido rechazadas categóricamente por la comunidad internacional por constituir, definitivamente, actos de incitación al odio y a la violencia entre los ciudadanos, todo lo cual podría llegar a constituir no solo un delito, con base en las normas nacionales, sino además un crimen contra la humanidad, de acuerdo a lo pautado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que es ley vigente en Venezuela desde el año 2000.
Exhortamos a todos los ciudadanos de Venezuela a ejercer sus derechos políticos en paz, alejados de toda forma de violencia física o verbal y respetando las ideas y posturas políticas de quienes no estén de acuerdo con sus planteamientos o con sus ideas, y también, instamos especialmente a los representantes del Poder Público venezolano a sujetar sus actos y sus expresiones a los mandatos contenidos en nuestra Constitución y a nuestras leyes, a los efectos de la garantía material, que no netamente formal, de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos venezolanos, sin discriminaciones e independientemente de cuál sea su posición política.
En Caracas, a los 19 días del mes de noviembre de 2015.-
Por Foro Penal Venezolano
Alfredo Romero, Director Ejecutivo
Gonzalo Himiob Santomé., Director
Alonso Medina R., Director
Robiro Terán, Director
Tamara Sujú, Coordinadora Internacional
Luis Armando Betancourt, Coordinador Estado Carabobo
Celia Dao, Coordinadora Estado Zulia
María Angélica Lezama, Coordinadora Estado Bolívar
Raquel Sánchez, Coordinadora Estado Táchira
José Armando Sosa, Coordinador Estado Monagas
Dimas Rivas, Coordinador Estado Aragua
Lucía Quintero, Coordinadora Estado Barinas
Fernando Ovalles, Coordinador Área Metropolitana de Caracas
Jesús Dicurú, Coordinador Estado Falcón
Pedro Troconis, Coordinador Estado Lara
Genis Navarro, Coordinador Estado Mérida
Alberto Iturbe, Coordinador Estado Miranda (Altos Mirandinos)
Adriana Nápoles, Coordinador Estado Miranda (Valles del Tuy)
José Morón, Coordinador Estado Miranda (Valles del Tuy)
Yoel Piñero, Coordinador Estado Miranda (Valles del Tuy)
Pedro Arévalo, Coordinador Estado Nueva Esparta
José Torres Leal. Coordinador Estado Portuguesa
Carlos Zerpa, Coordinador Estado Sucre
Rafael Maldonado, Coordinador Estado Trujillo
Gabriel Gallo, Coordinador Estado Yaracuy