El nuevo Gobierno liberal estableció hoy los recortes de impuestos para la clase media, inversiones en infraestructuras, una nueva relación con los indígenas canadienses y la legalización de la marihuana como sus prioridades.
EFE
El Gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también se comprometió a presentar un proyecto de ley para “legalizar, regular y restringir el acceso a la marihuana”, una de las promesas electorales del Partido Liberal, durante la apertura oficial de la nueva sesión parlamentaria.
Siguiendo la tradición británica, las prioridades del Gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien ganó las elecciones generales del pasado 19 de octubre, fueron leídas hoy por el gobernador general, David Johnston, quien ejerce como jefe de Estado en representación de la reina Isabel de Inglaterra.
Ante los 338 diputados elegidos el 19 de octubre y 105 senadores, Johnston leyó el llamado “Discurso del Trono” en la Cámara alta del Parlamento canadiense y en el que el Gobierno de Trudeau señaló que “como inmediata prioridad, recortará los impuestos para la clase media”.
“El Gobierno también se ha comprometido a proporcionar más ayuda directa a aquellos que la necesitan dando menos a los que no”, añadió el discurso.
Con respecto a la economía, el Gobierno de Trudeau anunció “significantes inversiones en transporte público e infraestructuras verdes y sociales” para reactivar la estancada economía canadiense, así como mejoras al plan de pensiones del país y al seguro de desempleo.
“Proteger el medioambiente y el crecimiento de la economía no son objetivos incompatibles; de hecho, nuestro éxito futuro exige que hagamos ambos”, explicó el Gobierno.
Trudeau añadió que “el Gobierno restablecerá la relación de nación a nación entre Canadá y los pueblos aborígenes, una relación cimentada en el reconocimiento de sus derechos, el respeto, la cooperación y la asociación”.
En este sentido, el Gobierno canadiense formará una comisión de investigación sobre las mujeres indígenas, un grave problema social del país debido a que centenares de mujeres y niñas indígenas han desaparecido o han sido asesinadas en los últimos años.
La formación de la comisión, que había sido rechazada por el anterior Gobierno del conservador Stephen Harper, se había convertido en un conflictivo tema con el más de 1 millón de indígenas que viven en Canadá.