El gobernador de Connecticut (noreste de Estados Unidos), Dan Malloy, anunció el jueves su intención de prohibir la venta de armas a personas incluidas en las listas federales de sospechosos de terrorismo, una medida que aún no ha adoptado ningún estado del país.
AFP
“Estoy tomando este paso de sentido común con esta orden ejecutiva simplemente porque es el paso correcto a hacer”, afirmó Malloy en un comunicado en que se dijo “horrorizado por los recientes ataques terroristas en San Bernardino y París”.
La medida busca negar permiso de armas de fuego a aquellos que se encuentran en listas de vigilancia del gobierno, según el gobernador.
La policía estatal de Connecticut ya realiza controles de antecedentes a aquellos que quieren obtener un permiso para comprar armas en el estado, escenario en 2012 de la sangrienta matanza de la escuela de Newtown.
Ahora, Malloy quiere que la policía pueda cotejar los nombres de quienes quieren obtener un permiso de portación de armas de fuego con las listas de vigilancia de terrorismo del gobierno.
Para ello el gobernador de Connecticut, que tiene una de las legislaciones más duras de control de armas, necesita la aprobación de las autoridades federales.
Datos del FBI citados por Malloy muestran que entre 2004 y 2014 personas incluidas en listas de sospechosos de terrorismo intentaron comprar armas y explosivos en 2.233 ocasiones, logrando su cometido en más del 90% de los casos (2.043 veces).
El debate sobre el control de armas en Estados Unidos se reavivó tras el tiroteo perpetrado recientemente por una pareja de musulmanes radicalizados que dejó 14 muertos y 21 heridos en San Bernardino, California (oeste).
Los atacantes usaron fusiles de asalto semiautomáticos comprados de manera legal.
El 14 de diciembre de 2012 un joven de 20 años, Adam Lanza, entró armado a la escuela primaria Sandy Hook, en Newtown, y abrió fuego matando a 20 niños y seis maestros, después de lo cual se suicidó. Previo a la masacre había asesinado a su madre en la casa en la que vivían juntos.