En el simposio Juicio a la Justicia, convocado por el Observatorio Venezolano de Prisiones para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, el director de Un Estado de Derecho, Luis Alfonso Herrera, explicó que con los resultados electorales que le otorgaron la mayoría calificada a la oposición la revocatoria de las designaciones apresuradas de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que pretende el oficialismo tiene mayor asidero jurídico.
El artículo 90 del Reglamento Interior y de Debates permite revocar las decisiones del Parlamento por mayoría simple (la mitad más uno), pero ahora la Mesa de la Unidad Democrática, que se ha opuesto rotundamente al adelanto del relevo de autoridades en el TSJ, cuenta con dos tercios de los integrantes del Legislativo, que es el quórum que exige la Constitución para el nombramiento de los magistrados.
“Esta pretensión viene a ratificar la terquedad del gobierno en mantener el control político del Poder Judicial. El oficialismo, como lo hizo en 2010, está violando los procedimientos y los lapsos establecidos en la Constitución, de modo que si era posible revocar las designaciones realizadas el año pasado, ahora será mucho más fácil”, indicó Herrera.
Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, precisó que si se respetaran los lapsos luego de la publicación de la lista de postulados, el 8 de este mes, correspondería realizar la designación en la segunda quincena de enero de 2016.
Louza aclaró que la omisión legislativa que alega el oficialismo corresponde a la maniobra de forzar jubilaciones, pues es en diciembre de 2016 cuando vence el período constitucional de los 18 magistrados que se quiere sustituir antes del 5 de enero próximo.