La cacería de brujas desatada por el régimen de Nicolás Maduro tras la victoria popular unitaria en las elecciones del seis de diciembre, fue rechazada por la diputada electa Olivia Lozano.
Nota de prensa
La parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por el estado Bolívar, denunció que directivos de empresas e instituciones públicas se han dado a la tarea de aterrorizar a los trabajadores acusándolos de traición, por supuestamente haber votado por el cambio, lo cual viola el artículo 21 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT).
“Los empleados públicos son la primera línea de respuesta a los ciudadanos en la solución de sus problemas, por lo que desde Voluntad Popular y la MUD repudiamos que sean utilizados como parte de la maquinaria política de una parcialidad, ya que su labor no es esa sino garantizarle los derechos al pueblo venezolano”, dijo.
En tal sentido Lozano advirtió que quienes persiguen y atentan contra la estabilidad laboral y la tranquilidad emocional de los empleados públicos, están al margen del proceso de cambio a favor del cual se expresó la contundente mayoría del pueblo venezolano en las elecciones del pasado seis de diciembre, y tendrán que responder por estas acciones.
“Los venezolanos apuestan por construir una mejor Venezuela, partiendo del reconocimiento a los que piensan distinto, ofreciendo progreso y garantizando justicia para todos por igual, así que no permitiremos atropellos del régimen contra los empleados públicos. La clase trabajadora no podrá ser amedrentada por un gobierno decadente que en su desespero acude al miedo como política de Estado”, adujo.
Agenda parlamentaria social
La diputada Olivia Lozano lamentó también el lenguaje de odio y confrontación que siguen utilizando los miembros del alto gobierno, con lo cual demuestran una vez más que no les interesa resolver el desabastecimiento, la alta inflación, inseguridad y pésimos servicios que sufren los venezolanos sino mantenerse en el poder como sea.
“Las retaliaciones contra los empleados públicos y la continua campaña de mentiras contra la unidad, sus miembros y diputados recién electos, dista mucho de la conducta de rectificación y entendimiento que debería asumir un régimen que fue derrotado con una avalancha de votos por el pueblo, esto parece que no terminan de entenderlo Nicolás Maduro y los enchufados del PSUV que siguen gritando amenazas”.
“Ante eso desde Voluntad Popular y la MUD le reiteramos al pueblo venezolano que no eliminaremos las pensiones para los adultos mayores ni le quitaremos las viviendas a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, más bien trabajaremos teniendo como prioridad una agenda legislativa social para mejorar las pensiones y otorgar los títulos de propiedad de estas casas y apartamentos, de modo que sus hijos los hereden y nunca jamás pueda ningún gobierno volver a chantajearlos”, manifestó Lozano.
De igual modo la representante del estado Bolívar a la Asamblea Nacional subrayó que los empleados públicos cuentan con los 112 diputados de la MUD, quienes estarán muy pendientes de protegerlos de la arremetida del régimen, y en las próximas semanas harán importantes anuncios referentes al trabajo parlamentario en sus regiones.
“Desde la Asamblea Nacional vamos a defender sus derechos y nos ponemos a las órdenes de los trabajadores que nos necesiten, pues nuestro compromiso es precisamente lograr una Venezuela donde los venezolanos puedan prosperar mediante su esfuerzo, trabajando de forma honesta, un país en el que podamos convivir y aspirar a hacer realidad nuestras metas sin perseguir, amenazar ni pisotear a nadie, porque en la mejor Venezuela todos cabemos”, puntualizó.
La ley es clara
El artículo 21 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras dice lo siguiente:
“Son contrarias a los principios de esta Ley las prácticas de discriminación. Se prohíbe toda distinción, exclusión, preferencia o restricción en el acceso y en las condiciones de trabajo, basadas en razones de raza, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opiniones políticas, nacionalidad, orientación sexual, personas con discapacidad u origen social, que menoscabe el derecho al trabajo por resultar contrarias a los postulados constitucionales”.
“Los actos emanados de los infractores y de las infractoras serán írritos y penados de conformidad con las leyes que regulan la materia. No se considerarán discriminatorias las disposiciones especiales dictadas para proteger la maternidad, paternidad y la familia, ni las tendentes a la protección de los niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad”.