El Gobierno de Venezuela ha respondido al varapalo sufrido en las elecciones parlamentarias, que perdió contra la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), instalando un inédito Parlamento Comunal que imita las competencias de la Asamblea Nacional establecidas en la Constitución.
Alfredo Meza / El País
“Yo voy a dar todo el poder al Parlamento Comunal, y ese Parlamento va a ser una instancia legislativa del pueblo desde la base”, dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el martes. Aunque parte de los dirigentes chavistas y la oposición minimizaron ese anuncio, otros instan a investigar supuestas irregularidades en los comicios.
El Parlamento Comunal, que fue juramentado por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, el último día de sesiones de la legislatura 2011-2016, es parte de una estrategia mucho más ambiciosa que apunta a no reconocer la abrumadora victoria de la oposición el 6 de diciembre.
El jefe del comando de campaña oficialista, el alcalde del municipio Libertador (centro oeste de Caracas) Jorge Rodríguez, anunció que pedirá a la Fiscalía General que investigue “las artimañas sucias utilizadas por la oposición” durante los comicios. El chavismo asegura que en el Estado de Amazonas, un gran territorio rural situado al sur del país, la gobernación, que está en manos de la oposición, pagaba entre Bs 2.000 (10 dólares a la tasa de cambio oficial Simadi) y Bs. 5000 (25 dólares) por cada voto. “Se trata de una violación a la Constitución, a las leyes electorales y un intento de vulnerar el sistema electoral”, recalcó el funcionario.
El periodista Nelson Bocaranda sugirió el martes que el Gobierno va a impugnar la elección de 26 diputados, alegando irregularidades similares a las descritas por el alcalde Rodríguez. Todo ello con el objetivo de impedir que, con la mayoría calificada obtenida en las elecciones, la oposición pueda legislar en sentido contrario al espíritu del modelo económico chavista —dado a los controles de precios y a la asfixia del sector privado— y a favor de una apertura de la economía. Cuando se instale el Parlamento, a partir del próximo 5 de enero, el chavismo no podrá darle cariz legal a todas las decisiones políticas que apuntan a consolidar un proyecto revolucionario.
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