En los cinco años de funcionamiento de la Asamblea Nacional (AN) que está por culminar sus actividades, prevaleció el debate político, antes que la elaboración de leyes y la tarea contralora hacia el Estado, publica Panorama.
Por Jessica Velásquez
Esto es lo que a juicio de la bancada de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) se verá en el nuevo Parlamento a partir del 5 de enero.
Con una mayoría calificada, con 112 curules, según el legislador adeco, Edgar Zambrano, en 2016 “habrá un debate permanente en la AN serio respetuoso con base en el reglamento de interior y de debates, se va a legislar para todos los venezolanos y se va a ejercer el control de lo público para que los ciudadanos a través de sus parlamentarios puedan tener los informes respectivos de las investigaciones que se realicen en torno a la administración pública y el tesoro nacional”.
En relación con la reducción de las sesiones, ya que se pasó de dos sesiones a una semanal, Zambrano, estima que de ser necesario se aumentarán. “Estará establecido dentro de la dinámica que implemente la nueva directiva, si es necesario retomar las dos sesiones, se tomarán, era la costumbre en las administraciones anteriores”.
El plan presentado recientemente por la bancada de la MUD para la gestión venidera incluye la interpelación del ministro de Alimentación y Seguridad Agroalimentaria sobre de los niveles de escasez de los alimentos y niveles de productividad de las fincas y predios expropiados o intervenidos por el Estado; así como el del presidente Pdval, Mercal, sobre situación del abastecimiento y su distribución de los productos de primera necesidad.
En el área de económica también incluyeron la interpelación del presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) para conocer más detalles de la lista de empresas que ha recibido divisas a tasas oficiales preferenciales, así como de los exministros y expresidentes de Finanzas y Cadivi sobre las importaciones y distribución de productos importados. Además la citación al presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) sobre el “ocultamiento de indicadores económicos y sobre la política monetaria”.
Para la oposición esta AN falló en las tres tareas que otorga la Constitución al poder Legislativo. El jefe de fracción de Acción Democrática, señala que “no se debatió en las comisiones ni en la plenaria, ninguna de las propuestas que hoy la oposición a través de la bancada de la MUD, en torno a diversos problemas que ameritaban una investigación”, como la crisis económica o la seguridad interna del país.
Zambrano afirma que la Asamblea “ignoró su función contralora sobre los entes públicos”, y además, no se estableció el debate político con respeto.
Sobre la formación de las leyes, Zambrano, consideró que los proyectos que fueron consignados, entre ellos el de la ley de amnistía y reconciliación política fueron engavetados con el objeto de “evitar la discusión pública de un proyecto que es un estado de necesidad de acuerdo al resultado electoral”.
Desde el bloque de Gobierno la opinión es distinta, ya que se evalúa la gestión como positiva, en donde se dio la defensa a la soberanía del país y se hizo seguimiento al patrimonio público.
El diputado Pedro Carreño indicó al ofrecer un balance de la comisión de Contraloría, la cual presidió durante esta gestión, que la AN cuando comenzó el proceso revolucionario, había apenas 12 casos del extinto Congreso y año a año se han venido recibiendo mayor número de denuncias, con más de 1.815 investigaciones abiertas y de las cuales se han cerrado 1.750.
Para Carreño, jefe de fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), una investigación se abre siempre y cuanto existan elementos que evidencian lesión al patrimonio público.
Entre los casos a destacar por Carreño están los informes presentados está el del exgobernador del estado Monagas, José Gregorio Briceño, el de Luis Herrera, expresidente de Minerven y el del gobernador del estado Lara, Henry Falcón, así como el del exgobernador del Zulia, Pablo Pérez. Investigaciones en las que fueron sancionados e impuestas responsabilidades políticas, a fin de darles celeridad y se impongan las sanciones pertinentes.
Carreño destacó, que la Comisión de Contraloría, cumplió la función de investigar actos e ilícitos contra el patrimonio público, acción por la que se reunió con el titular de la Contraloría General de la República, “en virtud de las materias concurrentes realizamos una reunión de articulación de trabajo para aunar esfuerzos en la lucha contra la corrupción”.