La sobrepoblación de aprehendidos en las Salas de Guarda y Custodia de la Policía del Estado Miranda y la falta de asignación de cupos por parte del Ministerio de Asuntos Penitenciarios para que los privados de libertad sean trasladados a las cárceles del país son las causas para que 95 detenidos iniciaran una huelga de hambre en las sedes de Los Teques y Charallave.
Iapem Prensa
El director presidente del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Miranda, comisario general Elisio Guzmán, informó que en la Comandancia General, situada en Los Teques, hay 61 detenidos en un recinto que es para 30, es decir, excedió el 100% de la capacidad. Lo mismo ocurre en la sede de Charallave donde cohabitan 34 reclusos.
“La legislación venezolana y el Ministerio de Prisiones les generan un enorme caos a todos los cuerpos de seguridad, porque la celeridad procesal no es oportuna para dar sentencia y a la par de ello, tenemos a un ente carcelario que desconoce la autoridad de un juez, quien emana una orden para que un preso llegue a una penitenciaría nacional, pero esto no ocurre porque no consignan los cupos. De esta forma el hacinamiento se apodera de los recintos policiales y comienzan con ello las huelgas de hambre, los motines y los intentos de fugas”, fustigó.
Para Guzmán el desacato judicial de no otorgar los cupos necesarios para descongestionar las celdas de los cuerpos de seguridad y el someter a los privados de libertad a que tengan que coexistir en espacios que no fueron diseñados para una larga duración de aprehensión es una nefasta violación de los Derechos Humanos.
“Tiene que haber más cárceles nacionales, estadales y municipales, incluso, los palacios de justicias deberían tener sus centros de reclusión. La improvisación que aplica los órganos rectores no es eficiente y por ello colapsan las sedes de los entes de seguridad.
El comisario general recordó que el Ministerio de Prisiones no ha consignado ningún cupo desde el pasado 28 de julio de 2015, por lo que nuevamente le solicitó los traslados necesarios para aplacar el hacinamiento que afronta el cuerpo de seguridad regional, donde 216 detenidos diariamente deben ocupar un espacio físico que fue ideado para 140 personas.
“Hemos enviado comunicaciones al Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (Visipol), Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda (CLEBM) y Ministerio de Asuntos Penitenciario informando acerca de la urgente necesidad que se concedan dichos traslados y no hemos tenido respuesta por ello nos vemos en la imperiosa necesidad de elevar dichos casos ante instancias superiores”, concluyó Guzmán.