El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, aprobó este miércoles una resolución en la que le pide al presidente Nicolás Maduro reabrir la frontera con Colombia, cerrada desde agosto como parte de un estado de excepción para combatir el crimen organizado.
AFP / EFE
La Asamblea Nacional “aprobó un acuerdo donde se le solicita de forma inmediata, a través de un exhorto, al presidente de la República y al ministro de la Defensa que giren las instrucciones pertinentes para que se dé apertura inmediata a la frontera”, declaró a la prensa la diputada opositora Laidy Gómez.
La asambleísta elegida en el estado Táchira (oeste), fronterizo con Colombia, señaló que el cierre vulnera “la garantía constitucional y el derecho humano fundamental de la libertad de tránsito”.
“Son víctimas de un acto de fuerza generado por un gobierno insolente que no acepta que en Venezuela se vulneran garantías constitucionales”, enfatizó.
La propuesta fue protestada por los oficialistas, entre ellos el diputado Pedro Carreño, que desestimó el argumento del estado de excepción indicando que la medida que comenzó a dictarse progresivamente en 23 municipios estaba vigente por 120 días, y en muchos de ellos ya expiró, por lo que “el debate es extemporáneo”.
Para Carreño “quien esté en desacuerdo, si lo hace de manera deliberada, está apoyando el narcotráfico, el contrabando, y el paramilitarismo”, y que quien lo hace por “ingenuidad” es “un tonto útil”.
Amplios tramos de la porosa frontera con Colombia, de 2.219 km, fueron cerrados a partir del 21 de agosto por orden del mandatario venezolano, lo que incluye 24 municipios de los estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas.
La congresista aseguró que el cierre “está generando un déficit al presupuesto económico nacional” y un “bloqueo aduanero, industrial y comercial” que afecta a las comunidades fronterizas.
Maduro ordenó el cierre tras un ataque de supuestos paramilitares colombianos contra una patrulla militar, que dejó tres heridos en la ciudad de San Antonio del Táchira.
En el marco de esas medidas, las autoridades deportaron a 1.482 colombianos indocumentados residentes en el área limítrofe, mientras que 19.952 retornaron por temor a ser expulsados, según Naciones Unidas.