Provea advierte que las medidas que se adopten para enfrentar la seria crisis económica que atraviesa el país deben tener su fundamento en el respeto y la garantía de los derechos humanos y no pueden convertirse en nuevo “paquetazo” contra el pueblo, que revierta aún más los avances y conquistas en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales y acelere el deterioro de la calidad de vida de las y los trabajadores y la población más pobre.
Desde 2014 lo venimos advirtiendo: el desvío de recursos públicos producto de la corrupción, la ineficiencia y la adopción de medidas antipopulares durante lagestión del presidente Maduro, han generado un aumento significativo en la cantidad de personas excluidas en el país. Los avances en la lucha contra la pobreza que se registraron durante la gestión del fallecido Presidente Chávez, han sido revertidos en casi 3 años de gestión del Presidente Maduro. En nuestro Informe Anual 2014 señalamos que si en 2015 se mantenían los indicadores socio-económicos que propiciaron el crecimiento de la pobreza en 2013 y 2014, al cierre del año tendríamos la misma cantidad de pobres que en el año 2000, cuando la cifra de personas pobres se sitúo en 10.954.595. A pesar que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Banco Central de Venezuela (BCV) siguen sin presentar información sobre los índices de pobreza e inflación en el país, violando la Constitución Nacional y contradiciendo los Principios Rectores sobre la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en 2012, el desempeño negativo de la economía venezolana y la caída del ingreso de las y los trabajadores debido a la alta inflación -que según algunas cifras extraoficiales se ubicó en 200%-, sumado a las escasez de alimentos y medicinas, permiten afirmar que, al igual que en 2014, en 2015 la pobreza siguió aumentando en el país. Nicolás Maduro acabó con el legado social de Chávez.
En medio de este panorama algunos voceros del Ejecutivo han anunciado el posible aumento de precios de productos y de impuestos. Miguel Pérez Abad, Ministro de Comercio e Industria declaró en días recientes: “[…] es necesario sincerar los precios de los productos sin deteriorar el poder de compra de los venezolanos”. Mientras que su homologo Jesús Faria dijo: “El decreto de emergencia que se va a presentar al país no significa un paquetazo. Un paquetazo no es aumentar un impuesto, no es aumentar la tarifa de algún servicio público, no es aumentar o corregir algún precio que esté desfasado”. Todo indica que las medidas que anunciará el Ejecutivo contemplarán aumentos en precios de productos básicos, tarifas de servicios públicos, y probablemente aumento o sostenimiento de impuestos regresivos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que tendrá como consecuencia la profundización de las desigualdades y mayor empobrecimiento de la población. A ello se suma una importante reducción en los recursos destinados a la inversión social en el presupuesto para el 2016, y el evidente retroceso en programas sociales como la Misión Alimentación, Gran Misión Vivienda Venezuela, el deterioro del servicio público nacional de salud y la disminución en la asignación de pensiones de vejez a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales registrada por Provea en 2014 y denunciada por los afectados en 2015.
En sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela publicadas el 19.06.2015, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Comité DESC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), dijo: “A pesar de la reducción significativa de la pobreza, mediante la implementación de programas sociales llamados “misiones”, el Comité nota con preocupación que en los últimos años se ha visto una tendencia regresiva en los resultados de lucha contra la pobreza […] El Comité recomienda al Estado parte que realice una evaluación exhaustiva e independiente de los programas sociales, llamados “misiones” a fin de identificar los obstáculos que impiden seguir avanzando en la lucha contra la pobreza; y consecuentemente, adopte las medidas correctivas necesarias, asegurando que tales programas y otros con objetivos similares, integren un enfoque de derechos humanos y cuenten con los recursos suficientes para su implementación, prestando la debida atención a las diferencias y brechas existentes entre las zonas urbanas y rurales, así como a las necesidades de los grupos más desfavorecidos y marginados”.
En cuanto al salario mínimo el Comité DESC expresó: “El Comité toma nota de las actualizaciones realizadas al salario mínimo, sin embargo está preocupado por la información según la cual el salario mínimo establecido no es suficiente para cubrir un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias y por el hecho de que no exista un sistema transparente de indexación y ajuste”, y en referencia a la seguridad social recomendó al Estado venezolano intensificar “[…] sus esfuerzos para asegurar que todas las personas estén cubiertas por el sistema de seguridad social, incluidas las personas y los grupos más desfavorecidos o marginados, sin discriminación basada en algunos de los motivos prohibidos en el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto; y b) Adopte las medidas necesarias para que el monto de las prestaciones de la asistencia social permita a todas las personas y familias sufragar el costo real de la vida, entre otras cosas mediante el establecimiento de un sistema de indexación eficaz y transparente”.
Siempre son los más pobres quienes soportan la mayor parte de la carga de los ajustes económicos y la reducción del gasto público y la inversión social.Por ello, el gobierno no debe adoptar medidas económicas que generen el incumplimiento de sus obligaciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y comprometan el derecho a un nivel de vida adecuado de la población. Exhortamos al Ejecutivo Nacional a promover un genuino proceso de diálogo democrático que garantice la participación de todos los sectores sociales, políticos y económicos del país y cuyo objetivo sea la superación de la crisis económica con respeto a los derechos humanos. Cumplir las recomendaciones emanadas de los organismos de protección de derechos humanos es un primer paso para garantizar que la crisis pueda superarse sin lesionar derechos. Apartarse del camino de los derechos humanos generará más angustias y penurias a las familias pobres del país y nos conducirá de nuevo a escenarios similares a los vividos durante los períodos de ajuste neoliberal de 1989 y 1996, esta vez, en nombre del socialismo. (Prensa Provea)