Estudio Flash Telefónico – Contexto Venezuela – Enero 2016 / Pregunta / Es evidente la ausencia CNE en el tema de las impugnaciones que hiciera el TSJ a los diputados de Amazonas, ¿Con cuál de estas frases está usted más de acuerdo? Inducida
Ante las impugnaciones de los diputados del estado Amazonas por el TSJ, el deber ser es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le correspondería pronunciarse al respecto, cuando el árbitro electoral ofrece resultados es porque son de carácter irreversibles. Sin embargo, hasta el momento ningún rector ha tocado el tema. Para los especialistas en materia electoral, el CNE debería abrir una averiguación de lo que ocurrió en la elección, con las actas del CNE, para ver si hubo irregularidades que cambien el resultado, porque la impugnación se ha hecho sin ver las actas, únicamente con la palabra de los impugnantes.
La mayoría de los venezolanos están viendo un CNE en silencio y mudo, que siempre estuvo dispuesta a pronunciarse y ahora que el TSJ está poniendo en duda su práctica y su misión como poder, es axiomática que la soberanía reside en el pueblo y el 6 de diciembre el pueblo hablo a través del voto.
Es significativo para este análisis las palabras sobre el tema de la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia en nombre del Bloque Constitucional declaró que mal puede el TSJ anular o suspender un acto que ya fue ejecutado, como lo es la proclamación de los diputados electos por parte del Consejo Nacional Electoral. “El derecho de los electores que respeta en su proclamación el CNE no puede ser alterado por una Sala, por muy electoral que sea, puesto que el pronunciamiento del soberano en el proceso electoral ya se cumplió”.
Deberíamos recodar que la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), “Cuando el 6 de diciembre demos resultados serán los perfectos, legitimados por la voluntad expresada a través del voto. Nadie puede tener dudas de eso, porque eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que hemos hecho siempre”.
Se trata de un sistema “seguro, el más verificable en el país, en la región y en el mundo entero” resultados, “cualquiera que estos sean”, expresan la voluntad del elector, insistió. En este sentido, remarcó que a diferencia de cualquier otro país en Venezuela existen auditorías que se realizan antes, durante y después de las elecciones y que en estas participan técnicos de los partidos que participan en las contiendas. “En otros países puede ser un acto de fe creer en los resultados, pero eso no pasa en Venezuela. Aquí son el fidedigno reflejo de la voluntad popular y eso lo saben todos los actores políticos”, aunque la decisión de reconocer o no los resultados “es una estrategia política” de cada organización.
El ejecutivo y el parlamento nacional son dos poderes públicos con mayores legitimidades democráticas del país. La Asamblea nacional representa al pueblo, y sus competencias son significativas y necesarias para el funcionamiento del Estado no son delegables ni las puede asumir ningún otro poder público. Ante la complejidad política que vive Venezuela, la Asamblea Nacional juega un rol decisivo y relevante al momento de interpelar al ejecutivo, para la mayoría de los venezolanos la dirección que ha tomado el palacio legislativo está a la altura de las expectativas según palabras de los encuestados, por supuesto que faltan retos por asumir, todos deberán estar conectados a las aspiraciones de los 7.707.422 (64,07%) que sufragaron el pasado 6D por el cambio y los que no sufragaron también, 5.559.025 (32,93%).
En un estudio flash telefónico realizado por Hercon Consultores, los entrevistados manifestaron que la nueva Asamblea Nacional, su significación estará en: Articular los desafíos políticos y jurídicos con el momento histórico que transita el país. Reducir las manifestaciones a lo interno de los intereses particulares o grupales que pudieran emerger producto de proyectos políticos – electorales a corto y mediano plazo. Para la mayoría de los encuestados, el nuevo parlamento nacional, debe mantener la conexión con las más diversas expresiones y aspiraciones sociales. Debe ser el garante del respeto a los derechos humanos de todos los venezolanos y evitar inteligentemente las posibles confrontaciones inducidas por el poder ejecutivo, otros poderes públicos.
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