El riesgo de inestabilidad política y protestas sociales que pueda conducir a un cambio de gobierno en el siguiente año continúa aumentando en Venezuela, incrementando el riesgo país a un nivel solo comparable con Haití en la región. La economía se sigue deteriorando vertiginosamente y la escasez y el desabastecimiento de comida y productos básicos -además de los cortes de luz y agua- seguirán intensificándose como consecuencia de la negativa de la actual administración del presidente Nicolás Maduro a cambiar radicalmente la dirección de la economía ante la marcada caída del precio del petróleo.
Por Diego Moya-Ocampos
A pesar de que el gobierno coincide con la oposición en que existe una emergencia económica siguen habiendo grandes diferencias en cómo abordar la crisis desde el punto de vista de políticas públicas concretas. Para el gobierno la solución es más controles y carga regulatoria mientras que para la oposición, representada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la solución debe pasar por limitar el rol interventor del Estado en la economía y flexibilizar los controles de cambio y de precios, algo que resulta imposible para la presente administración de Maduro atada por contradicciones ideológicas entre las distintas facciones políticas que aun lo apoyan.
El gobierno reconoce que el modelo rentista fallo y que debe migrar hacia un modelo productivo, pero esto no es posible si no genera confianza en los inversionistas y en particular, si no viene acompañado de un comprensivo programa de reformas económicas viables desde el punto de vista político y social. El gobierno está atrapado en un callejón sin salida pues no solo no goza de la confianza de los inversionistas y sectores productivos del país sino que además no tiene el necesario apoyo popular para tomar medidas económicas difíciles, tales como aumentar el precio de la gasolina, sin que esto repercuta en protestas sociales de gran escala. De allí que el presidente Maduro no termine de tomar decisiones. El reciente nombramiento de Luis Salas como ministro de Economía productiva y de Rodolfo Medina como ministro de finanzas (y banca pública) envían una señal negativa a los mercados e inversionistas de que no habrá cambio significativo de dirección económica a pesar de los cambios en el gabinete. A pesar de las mesas de trabajo que se están dando y de la disposición del Vicepresidente Aristóbulo Isturiz a dialogar con sectores productivos del país y con el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup, ha generado mucha preocupación en los mercados el hecho que el gabinete económico no haya traído consigo políticas económicas claras de cómo abordar la crisis desde antes de sus nombramientos. Esto en concreto incrementa los costos de endeudamiento del país, dificulta el acceso a crédito de quienes quieren hacer negocios desde y hacia Venezuela y aumenta las primas de seguros y reaseguros en un momento en que crecen las deudas sobre la capacidad de este gobierno para evitar un default de su deuda soberana y de PDVSA –a pesar de que la disposición de querer pagar de la actuales autoridades sigue siendo clara-.
La situación antes descrita se complica aún más si tomamos como un hecho cierto que los Venezolanos votaron en las recientes elecciones parlamentarias masivamente en contra de las políticas económicas de la actual gobierno. A pesar de la disposición de ciertos factores pragmáticos tanto del gobierno como de la oposición, se hace muy difícil que se logre un acuerdo concreto que pueda construir soluciones en tiempo oportuno a la crisis económica actual que día a día se complica más a medida a que el horizonte apunta al menos a dos años de bajos precios del petróleo. Esto es clave para Venezuela donde los ingresos petroleros representan 25% del producto interno bruto, 50% de ingresos fiscales y 96% de los ingresos por divisas y donde las instituciones democráticas son débiles e incapaces de canalizar institucionalmente la crisis política que está gestando como consecuencia de la actual situación económica. Sin lugar a dudas, es positivo desde el punto de vista institucional el hecho de que la Asamblea Nacional haya recobrado su independencia e autonomía, luego de 16 años de control por parte del partido de gobierno. Pero es importante también terminar de reconocer que la Asamblea Nacional no tiene las herramientas necesarias para poder solucionar la crisis económica si no cuenta con el apoyo del gobierno nacional, quien es a fin de cuentas el encargado de ejecutar y llevar a cabo las medidas necesarias y de crear las condiciones para atraer inversión y activar el aparato productivo. Cualquier esfuerzo de la Asamblea Nacional por limitar el rol del Estado en la economía o flexibilizar los controles de cambio y precios corre el riesgo de ser anulado por Tribunal Supremo de Justicia, aun bajo control del gobierno, o sencillamente ver bloqueada su implementación por parte del Ejecutivo nacional.
La actual crisis institucional entre el gobierno y la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, seguirán proyectando la imagen de un país dividido donde existe una parálisis de políticas públicas y un incremento marcado de la polarización incrementando el riesgo de protestas sociales y afectando negativamente la economía. Tal situación se seguirá agravando pues el gobierno tratara de bloquear los esfuerzos de la oposición para nombrar magistrados del Tribunal Supremo dispuestos a devolverle la autonomía e independencia a ese poder y aprobar una ley de amnistía para liberar a los presos políticos -incluyendo a Leopoldo Lopez, victima él y su familia de una campaña brutal y sistemática de violación de derechos humanos.
Esta dinámica de confrontación institucional y la ausencia de un factor democrático independiente que dirima los conflictos de poderes entre gobierno, Asamblea Nacional y Tribunal Supremo de Justicia (además de entre Fiscal General y posiblemente Contralor General y Defensor del Pueblo eventualmente) marcaran la dinámica política en el siguiente año. Si Maduro no rectifica incrementara la probabilidad de que factores que hoy lo apoyan se alineen con sectores de la oposición que proponen como solución a la actual crisis económica y política un mecanismo constitucional para cambiar el actual gobierno antes de que culmine su periodo presidencial.
Diego Moya-Ocampos es analista Senior para Latino America de IHS Country Risk, consultora de riesgo país con sede en Londres.
@DiegoMoyaOcampo