El Decreto de Emergencia Económica es clavo pasado, y al mismo tiempo no lo es. Es clavo pasado no solo porque sus efectos legales se extinguieron una vez que fuera desaprobado por la Asamblea Nacional, sino porque como pieza de propaganda política nunca cumplió su verdadero cometido y cualquier efecto residual ya prácticamente se desvaneció. Sencillamente no hay manera que el público se trague el cuento de que las colas o la inflación son culpa de la Asamblea porque no aprobó el fulano Decreto. Les toca inventar otra. Pero al mismo tiempo, el Decreto no es clavo pasado en la medida que nos adelanta el plan de acción del Gobierno para el futuro previsible (dos o tres meses) y eso no debiera agarrar por sorpresa a los agentes económicos.
Según las recientes declaraciones de Maduro “lo que hizo la Asamblea Nacional [desaprobar el Decreto] fue inconstitucional y me reservo las acciones a tomar dentro de la legalidad”, lo cual suena a un intento por mantener vivo el artificial “conflicto de poderes” en que se han empeñado desde la derrota electoral del 6D. Si lo que quiere decir es que planea insistir con la implementación del Decreto de Emergencia, es bueno aclarar que, tal y como lo señala el informe preparado por la comisión especial designada por la Asamblea Nacional, el Ejecutivo ya está facultado para adelantar muchas de las medidas propuestas allí. No obstante, si lo que quiere decir es que el Gobierno actuará como si en el país estuviéramos bajo un estado de excepción en materia económica, allí sí que se equivoca, pues más allá de la pirotecnia, el Decreto ya no tiene efectos legales.
Poniendo a un lado la maniobra política, es importante leer el difunto Decreto de Emergencia como un desiderátum, una carta de navegación para “perfeccionar” el modelo, que no es otro sino el modelo socialista. Meses atrás, en esta misma columna, argumentaba que en Venezuela rige un sistema económico socialista en sentido estricto, tal y como lo entiende la ciencia económica contemporánea. Hoy el Estado venezolano controla, de una u otra forma, qué se produce, quién lo produce y a quién se distribuye, mediante el control directo de una masa crítica de activos, la imposición de limitaciones arbitrarias al uso y disposición de los activos privados, la monopolización y asignación directa del flujo de divisas a través del control de cambio, la fijación de una miríada de precios y la imposición de controles directos al consumo. En este punto hace su entrada el difunto Decreto de Emergencia, el cual habilitaba al Ejecutivo para, entre otras cosas, ordenar a las empresas incrementar sus niveles de producción o garantizar el abastecimiento de determinados bienes, así como “requerir [tomar] de las personas naturales o jurídicas propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes, muebles y mercancías que resulten necesarios”. En pocas palabras, la tapa del frasco de una visión hegemónica de la economía.
Quien piense que esto no es el modelo socialista es porque seguramente tiene una visión idealizada del tema o se limita al ambiguo entendimiento que pululaba en los manuales escritos antes de la caída del Muro de Berlín, o en sus versiones postmodernistas. Cuando el oficialismo repite que “se agotó el modelo rentista”, lo que quieren decir es que se agotó la millonada con la cual endulzaban las penurias propias de todo modelo socialista y que ahora solo nos pueden ofrecer nuestro propio “periodo especial”. Creo que el Gobierno está siendo suficientemente claro en sus planes e intenciones, que nadie se llame a engaño.