La intención del presente artículo es hacer una breve caracterización del efecto que tiene sobre el proceso social del trabajo la actual crisis económica de Venezuela, y la percepción que se desarrolla sobre el trabajo asalariado en un contexto en el que se ven truncadas las aspiraciones materiales mínimas de la población, incluso al vincularse de alguna manera con el mercado de trabajo.
Trabajo asalariado en tiempos de crisis
Por Javier Hernández | Revista SIC
“Rentabilidad” del empleo
El trabajo es un hecho social, o al menos así estuvo concebido en la tradición legal latinoamericana moderna. El trabajo asalariado en particular, en la definición de la Organización Internacional del Trabajo, comprende el intercambio de habilidades físicas o intelectuales puestas al servicio de la producción de bienes y servicios a cambio de una remuneración, la cual comprende salarios y beneficios no salariales, así como unas condiciones de trabajo seguras y un ambiente en el cual el proceso del trabajo preserve la dignidad del trabajador. Al respecto, en la mayoría de los países se han promulgado normativas legales que pretenden proteger la institución social del trabajo, a sabiendas de la existencia de intereses contrapuestos entre trabajadores y patronos, y con clara conciencia de la necesidad de relaciones de trabajo más o menos armoniosas para el logro de objetivos de prosperidad económica social e individual.
Sobre el salario en Venezuela
El artículo 98 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (lottt), promulgada por el presidente Chávez en el año 2012 en el marco de la Ley Habilitante establece lo siguiente:
Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades materiales, sociales e intelectuales. El salario goza de la protección especial del Estado…
En cuanto al monto del salario, el artículo cien de la lottt establece, entre otras cosas, que para fijar el monto del salario se tendrá en cuenta:
- La satisfacción de las necesidades materiales, sociales e intelectuales del trabajador, la trabajadora, sus familiares y dependientes, que les permitan una vida digna y decorosa.
¿Es posible para un ciudadano vivir de un salario en el actual contexto de crisis económica que vive el país?
Situación del salario y del empleo en Venezuela
Comparado con otros países en desarrollo, el costo salarial en Venezuela es relativamente alto cuando se consideran los beneficios sociales no salariales (pago de guarderías y bono de alimentación, por ejemplo) que se han incorporado en las diferentes contrataciones colectivas tanto del sector público como privado, así como el uso y costumbre que ha incorporado beneficios a los trabajadores como un mecanismo para la captación y retención de los talentos necesarios para la actividad productiva. De este modo, el pago de seguros de salud privados, seguros de vehículo, clubes sociales y bonificaciones, entre otros, pasan a formar parte del “paquete salarial” de las mejores empresas e instituciones del país. Por otra parte, algunos conceptos salariales como el bono vacacional, las utilidades o aguinaldos en el sector público están establecidos por ley en sus límites inferiores. El salario y el bono de alimentación conforman el ingreso mínimo legal del trabajador en Venezuela.
Una revisión a la evolución del salario y la inflación de nuestro país en los últimos años da cuenta de un proceso que en determinados momentos procuró mantener el salario mínimo como instrumento de política social, equiparado con una canasta de consumo normativa, logrando que el ingreso mínimo legal cubriera el costo de esa canasta de consumo. Durante algunos años se logró ese objetivo, pero a causa de las presiones inflacionarias exacerbadas en años recientes a falta de medidas de política económica acertadas, se ha producido un enorme deterioro del poder de compra del salario y, por tanto, un acelerado empobrecimiento de la población.
El Instituto Nacional de Estadística (ine) maneja –aunque desde noviembre de 2014 dejó de publicar– un indicador sobre la evolución del costo de una canasta alimentaria normativa (can). Los valores de la can que maneja el ine dan cuenta del crecimiento acelerado de los precios de los productos que la conforman. Debe considerarse además que, por diseño, la can del ine asume una elevada participación de Mercal y Pdval –es decir alimentos subsidiados– en la canasta del venezolano promedio, lo cual distorsiona las cifras y explica el divorcio entre los valores reportados por el ine y los que los ciudadanos sienten en el bolsillo a la hora de pagar sus compras.
La Canasta Alimentaría Normativa (can), es un indicador estadístico que tiene por objeto medir el costo mensual de un conjunto de alimentos que cubren la totalidad de los requerimientos nutricionales, toma en cuenta los hábitos de consumo de la población venezolana, las disponibilidades de la producción nacional y el menor costo posible[i].
En cuanto a los rubros que son objeto de la medición del ine y que conforman la can se encuentran:
* Cereales y productos derivados.
* Carne y sus preparados.
* Pescados y mariscos.
* Leche, quesos y huevos.
* Grasa y aceites.
* Raíces, tubérculos y otros.
* Semillas, oleaginosas y leguminosas.
* Azúcar y similares.
* Café, té y similares.
Tomando las cifras oficiales del ine sobre el valor de la can desde enero de 2008, se observa que a noviembre de 2014, se registraba una inflación acumulada en alimentos de 852 % aproximadamente, mientras que en el mismo lapso, el ingreso mínimo legal se ajustó 605 %. Partiendo de las cifras oficiales del ine a enero de 2008 y aplicando el ajuste de inflación de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc) publicado por el bcv (asumiendo que en 2015, el aumento de precios ronda el 10 % mensual), se obtiene que el valor de la can sería, en noviembre 2015, de al menos Bs. 25.002,20, lo que significa que en la familia tipo considerada en la can se necesitan 1.53 adultos, con ingreso mínimo legal –y accediendo a los subsidios– para cubrir únicamente la Canasta Alimentaria Normativa. Nada de ahorro u otros gastos.
¿Entonces, para que trabajar? La informalidad es más rentable
En el país se registra un fenómeno peculiar, como muchos de los fenómenos económicos del petroestado: a diferencia de otros países de América Latina, el desempleo en Venezuela no parece ser un problema. El problema radica en la “rentabilidad” del empleo. En Venezuela podría estar produciéndose un fenómeno que hasta ahora parecía una excentricidad de la teoría económica neoclásica: el desempleo voluntario. En esta teoría, existe un ajuste perfecto entre la demanda y la oferta de mano de obra. En situaciones en las que la oferta de mano de obra supera a la demanda, los trabajadores aceptan reducir sus salarios hasta el punto en el que resulte atractivo para el empleador contratarle. En eso coincide con la visión marxista de la existencia de un ejército industrial de reserva que mantiene bajos los salarios para beneficiar al capitalista.
Pero desocupación y desempleo son cosas diferentes. Quizá en otros países la informalidad es un camino difícil pero en Venezuela es perfectamente una opción, muchas veces más rentable en el corto plazo que la de un empleo formal y sus implicaciones. En un país donde el Estado provee de salud y educación gratuitas, además de un sistema de pensiones de reparto, no existen incentivos (o son muy pocos) para preferir la formalidad que garantice el retiro en condiciones más o menos dignas: en primer lugar porque no es cierto que con ello se garantice una mejor calidad de vida con el cobro de una pensión, y segundo porque incluso quien no haya cotizado seguridad social tiene acceso a los mismos servicios que quien sí lo hizo. La calidad de esos servicios es otra discusión, pero es algo que iguala a quien cotizó con quien no lo hizo.
Cada vez es más común ver personas jóvenes en edad productiva dedicarse a la buhonería, a los mototaxis, a matar tigres y, en los últimos tiempos, al bachaqueo de productos de primera necesidad. Las múltiples oportunidades de arbitraje que ofrece una economía enferma y altamente distorsionada como la venezolana, se convierten en la aspiración de quienes, con un buen contacto en algún organismo público, pueden multiplicar varias veces el ingreso mensual de un trabajador promedio, independientemente del nivel académico que ostente.
Existe una percepción generalizada –que cualquier empresario puede corroborar– de que en el país es muy difícil encontrar personal competente dispuesto a trabajar. A pesar de las cifras de ocupación formal, que muestran un ligero repunte en el lapso 2001-2014 en años de bonanza económica, la composición de ese empleo tiene implicaciones en la calidad y sostenibilidad del mismo. El empleo público, por ejemplo, muestra un importante crecimiento en el período analizado, registrando una variación de 88,4 %. Como es bien conocido, el empleo público no responde a la dinámica del crecimiento económico por lo que, en épocas de restricción del ingreso petrolero, se constituye en una carga adicional al presupuesto público. El empleo en el sector manufacturero, por otra parte, que sería un indicador proxy de la situación de la industria y por tanto de la diversificación económica del país, creció solo 22 % en el mismo lapso, comparado con la población ocupada que aumentó 48 % y la población activa que aumento 32 %.
Sistema educativo, formación y desempleo
Esto nos lleva a otro punto, y es el relacionado con la educación: los dramáticos casos de docentes, médicos, bomberos y policías cuyos salarios son de hambre, revelan que el nivel educativo o la formalidad de la ocupación, poco o nada tienen que ver con las posibilidades de progreso material, lo cual se transforma en un poderoso mensaje de desesperanza a las jóvenes generaciones en proceso de formación: no importa cuánto estudien y cuánto se esfuercen, de todas maneras no van a lograr nada más allá de un apartamento asignado por el Gobierno. Es posible que estemos en presencia, por primera vez en muchos años, de una generación de jóvenes para quienes ingresar a una universidad no representa un anhelo, ni la posibilidad de un mejor porvenir.
¿Y qué hay con las posibilidades a futuro? El lamentable proceso de destrucción al que fue sometido el ince en los últimos 20-25 años, dejó sin posibilidades a miles de jóvenes que abandonan sus estudios formales y, por otra parte, a un sector productivo nacional poco competitivo, entre otras cosas, por la escasez de obreros calificados. Es por ello que en los barrios del país se cuentan por docenas los mototaxistas bachilleres en ciencias (que por cierto nada saben de ciencias), mientras que un electricista, un tornero, un soldador o un buen albañil son casi imposibles de conseguir. Esto crea una paradoja por cuanto los obreros especializados, aun cuando requieren menos años de formación, reciben mejores remuneraciones que profesionales universitarios con postgrado. Sin duda, una señal del divorcio de las políticas educativas con las necesidades del país.
El empleo formal tiene una baja indexación con la inflación. Cada incremento salarial tiene un efecto acrecentado debido a los costos no salariales y las provisiones que debe tomar el empleador, entre ellas la retroactividad de las prestaciones sociales. Es importante considerar el enorme peso financiero que representa para el Estado los continuos incrementos nominales en el salario, los cuales son extensivos a las pensiones de jubilación.
Por otra parte, la ocupación informal, vinculada al comercio o la prestación de servicios profesionales tiene una elevada capacidad –acrecentada según la escasez relativa del bien o servicio que ofrezcan– de ajustar rápidamente sus ingresos al paso de las expectativas de inflación. En ausencia de cifras oficiales de inflación y el abandono por parte de las autoridades de sus responsabilidades en la conducción de la política económica, la fijación de los precios en el sector informal se ha apegado a las oscilaciones del dólar paralelo, reforzando las barbaridades que se observan en la economía doméstica.
¿Qué hacer?
Un cambio pasa por modificar el mensaje, reforzar la necesidad no solo de trabajar –en el sentido de cumplir un horario–, sino de ser productivos, esforzarse, ahorrar para el retiro. Dejar bien claro, por si a alguien le quedan dudas, que Venezuela no es un país rico, y que los ciudadanos no nos merecemos nada automáticamente por haber nacido sobre un mar de petróleo. Hay muchos mecanismos de política económica y social para constituir los incentivos para el desarrollo de conductas positivas hacia el trabajo como valor.
Medidas concretas también hay muchas, y pasan especialmente por el apoyo hacia el sector manufacturero nacional, así como los sectores agrícola y pesquero que son intensivos en mano de obra. El congelamiento de la nómina pública, y un reenfoque del ince hacia la formación de mano de obra especializada como alternativa y como complemento al sistema educativo formal tradicional, entre otras medidas, son urgentes aunque sus beneficios se cosecharán en diez o quince años.
Las políticas orientadas a la capacitación, la formación para el trabajo y el aprovechamiento del espíritu emprendedor del venezolano mediante el apoyo a los emprendimientos formales, especialmente aquellos orientados a la innovación, son cruciales para preparar al país para las nuevas condiciones que surjan luego de la hora oscura que le ha tocado vivir. Sin duda, un cambio cultural hacia el trabajo y el desarrollo de una fuerza laboral capacitada y productiva son hoy más que nunca una necesidad para afrontar los años por venir.
La depauperación del poder de compra del salario produce impactos asimétricos en la población trabajadora con consecuencias importantes sobre las posibilidades de desarrollo económico del país en el mediano y largo plazo, al estimular una reorientación de la fuerza laboral profesional, que ha invertido tiempo y recursos en el desarrollo de habilidades específicas y a la cual se le hace prácticamente imposible vivir con su salario (docentes, investigadores, médicos entre otros), en favor de la emigración, o de ocupaciones de menor productividad e impacto social pero que paradójicamente tienen mayor capacidad de indexar sus ingresos a la inflación, como taxistas y comercio informal entre otros. El marco de incentivos que perjudica la profesionalización y la capacitación se constituye en una importante limitación a las capacidades de la sociedad para enfrentar los desafíos de una economía del conocimiento globalizada, una vez superada la precaria situación actual que ha retrocedido la agenda de discusión hasta mediados del siglo xx. Es un falso dilema el que se plantea entre políticas públicas orientadas a la satisfacción de las necesidades más básicas de la población más vulnerable, y las orientadas a estimular y recompensar adecuadamente a una clase media profesional, que forma parte de la solución y que se constituye en una reserva de talento y capacidad para afrontar los retos de una sociedad moderna. De cada quien según sus capacidades.
[i] Fuente: www.ine.gov.ve
Javier Hernández es economista UCV. Autor del blog “Algo de Gerencia, de economía y de Política“