Nicolás Maduro, cuando los golpistas del 4-F y el 27-N estaban encarcelados, participó en diversas iniciativas en las que los grupos izquierdistas exigían –en nombre de los “derechos humanos”- la aprobación de una ley de amnistía que pusiera en libertad a los insurrectos, responsables de la muerte de al menos un centenar de venezolanos, víctimas de las intentonas de febrero y noviembre de 1992. La creación y presencia en esa clase de comités forma parte de la tradición de lucha de la izquierda latinoamericana. Sus promotores se preocupan mucho de proteger los “derechos” de sus seguidores, pero les importa un bledo los derechos de las víctimas que su aventurerismo e irresponsabilidad provocan.
Con motivo del Proyecto de Ley de Amnistía introducida en la Asamblea Nacional, los otrora insurgentes han esgrimido argumentos desvergonzados. No admiten la existencia de presos políticos en Venezuela, sino de “políticos presos”. Esos mismos personajes han permitido el saqueo del Tesoro Nacional, arruinado Pdvsa, desfalcado la CVG, quebrado las empresas estatizadas, adueñado de los recursos destinados a resolver las fallas eléctricas y despilfarrado el océano de dólares generado por la ya agotada bonanza petrolera, sin haber capturado a ninguno de los grandes y verdaderos responsables de esas estafas y de la quiebra económica y moral del país. Hablan contra el proyecto de ley como si su historia política hubiese transcurrido en un monasterio medieval.
El cinismo de Maduro y compañía está inspirado en el pánico que le tiene a la eventual liberación de Leopoldo López, Antonio Ledezma, Manuel Rosales y todos los demás dirigentes políticos y estudiantiles privados de libertad a partir de calumnias y expedientes forjados, y a la repatriación de figuras como Carlos Ortega y muchos otros venezolanos que se vieron obligados a huir del país porque no confían en el Poder Judicial, convertido en guillotina para decapitar opositores.
El tambaleante Maduro ve con horror que esa constelación de dirigentes recorra Venezuela denunciando los excesos y errores del Gobierno, y proponiendo soluciones para que la nación alcance de nuevo una democracia plena y una economía próspera donde se genere riqueza para beneficiar a la mayoría, devastada por la incompetencia y corrupción del socialismo del siglo XXI.
El régimen percibe que sus días están contados. La ruptura del PSUV y del Gobierno con sus bases sociales de apoyo se cortó, y esta ruptura parece una tendencia irreversible. Los vínculos que conectaban a los rojos con el pueblo estuvieron trenzados con petróleo. Las transferencias en dinero, servicios o especies crearon la ilusión de un nexo indestructible entre la cúpula socialista y el pueblo. Ya estos subsidios no es posible financiarlos con oro negro. La única posibilidad de mantenerlos es mediante la emisión de dinero inorgánico. Pero este mecanismo genera un efecto secundario letal: la inflación descontrolada, fuego que devora la calidad de vida y toda política social.
En medio de la caída de los precios del crudo, la crisis económica, el deterioro de los servicios públicos y, ahora, el colapso eléctrico, lo menos que quiere Maduro es ver fortalecida a la MUD y la bancada opositora de la Asamblea Nacional con un batallón de dirigentes experimentados, respetados y queridos, que actuarán para afianzar la alternativa de poder que representa la oposición.
En las próximas semanas se oirán argumentaciones rocambolescas de parte de los voceros del PSUV y de los miembros de la Sala Constitucional del TSJ, cuestionando la legalidad de la Ley de Amnistía y hablando del “genocidio” cometido por los reclusos que ellos mantienen arbitrariamente en Ramo Verde y otros centros de reclusión. No hay que dejarse encandilar. La gimnasia verbal intentará en vano ocultar la enorme debilidad y aislamiento del Gobierno, y el miedo cerval que le tiene a la oposición, vigorizada con esa dosis de energía que le entrará en el torrente sanguíneo cuando recuperen su libertad los dirigentes cautivos por defender la democracia.
@trinomarquezc