Mientras el Ejecutivo apunta que está garantizado que los residentes son propietarios de las unidades habitacionales, la oposición descarta que los adjudicatarios puedan venderla, publica El Tiempo.
La señora “Juana” -nombre ficticio para proteger su identidad- es un ama de casa que vive en el urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) en Montalbán, al oeste de Caracas, conformado por tres torres donde habitan al menos 465 adjudicatarios del programa gubernamental.
Anteriormente vivía en el sector La Pedrera pero su casa se cayó por encontrarse en un terreno de alto riesgo. Logró hace cuatro años la entrega de su apartamento, y pese a ser residente del inmueble, no posee ningún documento que justifique su tenencia.
Alega que la comunidad donde reside no se ha preocupado por tener a la mano los requisitos que les solicitó el Ministerio de Hábitat y Vivienda, cuando fueron entregadas las soluciones habitacionales, con los que garantizarían el tan preciado documento.
“Aún no nos han dado el documento pero ha sido por inconvenientes con los mismos residentes de la comunidad que no terminan de armar las carpetas con los papeles necesarios. A nosotros nos registraron en el Ministerio de Hábitat y Vivienda, donde nos pidieron el documento de riesgo, las partidas de nacimiento a los que teníamos niños menores y la constancia del refugio en donde estuvimos”.
El tema de la pertenencia individual de los inmuebles ha estado en el candelero en las últimas semanas, luego de que el diputado de Primero Justicia (PJ), Julio Borges, presentara en el seno del parlamento una Ley de Otorgamiento de la Propiedad a Beneficiarios de la Misión Vivienda Venezuela. Mientras el Gobierno apunta que está garantizada la posibilidad de hacer uso de los inmuebles, la oposición descarta por ejemplo que puedan venderse o que forme parte del patrimonio ya que es el Ejecutivo quien termina teniendo el control final sobre la propiedad.
Según el Gobierno se han entregado 1 millón 004 mil 361 unidades habitacionales dentro del programa social creado por la gestión del fallecido mandatario Hugo Chávez a comienzos de 2011, para atender a las familias que quedaron damnificadas tras las intensas lluvias registradas entre 2010 y 2011.
El proyecto buscaba extenderse a todos aquellos venezolanos que no habían podido acceder a una casa propia. Para 2019 la meta de construcción es de al menos tres millones de unidades habitacionales.
“Juana ” relata que si bien no cancelan nada por su apartamento, los vecinos se organizaron en un Comité de Gestión Multifamiliar donde se acordó que entre todos los residentes se paguen los servicios básicos como agua y luz.
Actualmente existe un decreto con fuerza y rango de ley de Régimen de la Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en vigencia desde el 6 de abril de 2011, a través del cual se les entrega a los adjudicatarios un documento de “Propiedad Familiar” que indica que sólo pueden ser usadas como residencia permanente, lo cual delimita el uso, goce y disfrute establecido en el artículo 115 de la Constitución y 545 del Código Civil.
La oposición busca que los inmuebles sean de propiedad individual.
Ante ello el Gobierno publicó en Gaceta Oficial 40.838 del 28 de enero de 2016 una resolución que declara la “urgencia” de la inscripción, registro y protocolización de los títulos de los inmuebles subvencionados de la Misión.
“Rosa”, quien habita en la Gmvv de Capuchinos desde hace dos años, relató que tampoco posee un documento que justifique su permanencia en el apartamento que habita.
“Yo vivía en La Vega en una casa de tres pisos, la cual se vino abajo por las lluvias y pasé junto a mi familia tres años en un refugio del edificio Banevez, perteneciente a la Alcaldía de Libertador.
Cuando me entregaron el apartamento nos dijeron que abriéramos una cuenta a través del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), donde se cancelaría el monto total de las viviendas. Pero ese trámite no se completó y ninguna autoridad del Ministerio volvió a acercarse”, apuntó.
“Juana” relata que al momento de la entrega de su vivienda no se realizó un registro del apartamento donde vivía, por lo que desconoce si sus datos puedan ser corroborados para optar a la propiedad.
“Yo deseo regularizar mi situación. Jamás me he negado a pagar el apartamento, pero hay tan poca información al respecto y no sabemos cuáles son los canales que debemos tomar para lograrlo”.
Caso similar es el de Ramón y su esposa, habitantes del urbanismo ubicado dentro de una zona militar, conocido como Ciudad Tiuna, donde sólo se les entregó un papel con la ubicación del apartamento pero al igual que las anteriores no posee un título de propiedad.
Desconoce el proyecto de Ley que impulsa la oposición desde la Asamblea Nacional y sólo sabe que el presidente Nicolás Maduro dijo que no lo aprobaría.
“Esa ley no va y punto”, advirtió el jefe de Estado en una alocución y agregó que las “inmobiliarias privadas” buscarían asumir la venta de las residencias, “mercantilizar el derecho” a tener un inmueble y “privatizar la vivienda popular”.
Lo social y lo privado
Manuel Rojas, abogado administrativo y experto en la materia, explicó que no es una realidad que las personas obtengan per se la titularidad de los inmuebles solo por residir en ellos. “El Gobierno venía insistiendo en una tesis de una mal llamada propiedad social, donde se te asignaba un sitio para vivir más no puedes hacer ningún trámite con ella. Por ello ese tipo de propiedad es una gran mentira del Gobierno, no existe en el bloque de la legalidad venezolana esa figura”, dijo.
Sostiene que el Código Civil es la única norma que establece jurídicamente los términos del factor de la propiedad como pública y privada apoyado en la Constitución, donde se habla de la propiedad pública como bienes del Estado y la privada como bienes de particulares.
“La propia Constitución establece que la propiedad debe ser privada. La Carta Magna prioriza lo privado sobre lo público, es decir, debe existir la pública siempre y cuando no haya otra posibilidad o en casos donde por interés general es necesaria que exista”.
El especialista señaló que la iniciativa de la Mesa de la Unidad es positiva, ya que “la propiedad de los bienes da libertad”.
El ministro de Vivienda, Manuel Quevedo, denunció que el proyecto de Ley propuesto por el diputado Borges y aprobado en primera discusión por el parlamento es un “disfraz” con el que se pretende engañar sobre el tema de la propiedad.
Quevedo ha ratificado que se pretende posibilitar el acceso de la banca privada a la especulación con más de un millón de viviendas construidas y de otros complejos habitacionales desarrollados por el Gobierno, cuya apropiación está garantizada por varios instrumentos legales que defienden el derecho de propiedad familiar y multifamiliar.
El diputado oficialista Ricardo Molina (Psuv) aseguró también que las viviendas de la Gran Misión pueden venderse sólo en el marco de la justicia social y a precios justos, para lo cual los propietarios deben acudir a la Inmobiliaria Nacional y efectuar los trámites pertinentes.
“Los propietarios de la Gmvv no sólo la pueden vender, la pueden heredar. La vivienda en la Gmvv no es una mercancía, es el asiento para el hogar, para la protección de la familia, no es un coroto para vender, es un bien para vivir bien”.
Sostuvo que la protocolización de la propiedad en el referido programa social siempre ha existido y que el presidente Maduro, a través de la resolución publicada en Gaceta Oficial, lo que ha hecho es darle celeridad al proceso.
Alcances de la Ley
El diputado por Primero Justicia, Julio Borges, explicó que con la ley de otorgamiento de títulos de propiedad, aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, se le dará poder al pueblo al convertirlo en propietario. “El título de propiedad lo recibirán de manera inmediata y gratuita. No tendrán que pagar nada: ni por la tierra en la que están construidos los edificios ni por los trámites“, reiteró el parlamentario. Hizo responsable al Ejecutivo de indemnizar a los dueños de los terrenos. “Los ciudadanos quieren ser propietarios y este proyecto de ley ha puesto a correr al Gobierno“, indicó. Borges detalló que al ser aprobada la norma a través de una Comisión Parlamentaria, en tres meses se levantará un Inventario de las viviendas construidas y por construir. También se verificará la situación jurídica de los terrenos en los que están edificados los inmuebles, para que se puedan alcanzar acuerdos que regularicen la propiedad de las personas beneficiadas con el programa.
Alegatos del Gobierno
El oficialismo a través del llamado “bloque de la patria” señala que la bancada opositora con su ley vulnera los derechos consagrados en los diferentes instrumentos legales como: Ley de Valoración de Terrenos de la Gmvv, Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, Ley Especial de Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de Tierras de los Asentamientos Urbanos y Periurbanos, Ley contra la Estafa Inmobiliaria, Ley para Determinación de los Precios Justos de Viviendas e Inmuebles, y la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.
Artículo 545
del Código Civil establece que la propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones de la Ley.